Juicio contra agente de Tráfico por negociaciones prohibidas a funcionarios
Juicio contra agente de Tráfico por negociaciones prohibidas a funcionarios EUROPA PRESS

Este agente está acusado de un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, por el que es juzgado mediante un tribunal del jurado. El fiscal le solicita una pena de dos años de prisión, multa de 3.240 euros e inhabilitación para empleo público durante seis años, misma condena que requiere la acusación particular, ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cantabria y que eleva la multa a 9.000 euros.

El juicio ha arrancado este lunes con la constitución del jurado y la posterior declaración del acusado y está previsto que se prolongue durante toda la semana. Así, este martes, 27 de febrero, a partir de las 10.00 horas, declararán los testigos de la acusación y el miércoles, día 28, lo harán los propuestos por la defensa, mientras que el jueves, día 29, se dedicará a las conclusiones definitivas y los informes de las partes y el viernes, día 30, a la deliberación del jurado.

Un jurado formado por nueve miembros al que el procesado se ha dirigido en su declaración, que ha comenzado indicando que, aunque ahora está en excedencia, ha ejercido de guardia civil durante 32 años y, cuando su mujer montó la empresa de transportes, solicitó el traslado a otra unidad "por ética" y fueron los responsables de la Benemérita quienes le colocaron en el Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria (COTA). "Si hubiese querido beneficiar a mi mujer, no hubiera solicitado el traslado", ha dicho.

Y el fiscal y la AUGC le acusan de haberse aprovechado de ese puesto para ordenar en varias ocasiones -al menos tres- a patrullas de tráfico que realizaran distintos movimientos tendentes a facilitar el paso de transportes especiales sin autorización. Un extremo que él ha negado y ha asegurado que desde ese puesto "yo no ordeno ni mando, solo transmito las órdenes de mis superiores a las patrullas".

Además, ha afirmado que los transportes a los que se refiere la acusación, algunos de los cuales fueron para el traslado de piezas para la construcción del Centro Botín, contaban con la correspondiente autorización que su mujer había obtenido a través de un operador de transportes, un documento que su abogado ha aportado al inicio de la vista y que ha sido admitido por el presidente del tribunal, el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial Agustín Alonso.

Tras explicar al jurado qué son los transportes especiales, las medidas que tienen que tener para ser considerados como tal y qué condiciones requieren para su traslado, ha indicado que las operaciones por las que se le imputa no requerían de escolta de la guardia civil sino solo de un coche piloto que sí llevaban y que él no ordenó a agentes de Tráfico que acudieran a otra zona de la región para facilitar el paso de ningún camión sin autorización entre Heras y Santander.

El agente ha insistido en que, sí hubiese dado esa orden, es porque a él se la daría un superior, aunque preguntado por quién ha dicho que no lo recuerda, y además, de haber trasladado la orden, la patrulla de tráfico lo debería de haber apuntado en su hoja de servicio. "Lo deben de anotar, aunque si estaban dentro de su demarcación quizá no lo hiciesen", ha añadido.

DOS TRANSPORTES ENTRE HERAS Y SANTANDER

El fiscal le ha preguntado por dos transportes concretos entre Heras y Santander, uno de mayo de 2014 en el que supuestamente desde el COTA ordenó a una pareja de agentes tráfico que se desplazaran a la demarcación de Laredo para dejar sin vigilancia una zona por donde pasaría un camión sin autorización y otro de un mes después en el que supuestamente ordenó a otra patrulla escoltar un camión al que no debían pedir la documentación porque ya la había comprobado él personalmente.

Sobre el primero, ha indicado que, de ser cierto que los agentes recibieron la orden desde el COTA, no tuvo porque ser él ya que en la central siempre hay mínimo dos personas y, de haber sido él, "si lo hice es porque un superior milo me lo dice", aunque preguntado por quién era ese jefe ha dicho que no lo recuerda.

En cuanto al segundo episodio, ha explicado que se comunicó a los agentes que facilitasen la incorporación del vehículo a una vía convencional porque "iba a salir de culo", una colaboración que se presta en muchas ocasiones, pero en ningún caso que hubiese que escoltar al camión porque no era necesario.

Y es que la pieza que se transportaba se había colocado en el camión inclinada con unos caballetes para que solo ocupase cinco metros de ancho y así no requiriese de escolta por parte de Tráfico, bastando con el coche piloto.

En su escrito de acusación, en el que también se cita otro episodio de mayo de 2015, el fiscal apunta además que el acusado fue visto en reiteradas ocasiones como conductor de coche piloto de acompañamiento en transportes excepcionales realizados por la empresa de su mujer, algo que ha negado y ha asegurado que solo ha conducido el vehículo de la empresa de su esposa a título particular pero "nunca" ejerciendo como coche piloto.

El acusado se ha negado a contestar a las preguntas del abogado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y, sobre esta decisión, ha explicado al jurado que esta asociación fue quien "envió un anónimo" acusándolo de formar parte de "una trama". "Si hubiese habido una trama yo mismo lo hubiera denunciado, pero no hay ninguna", ha enfatizado.

Sin embargo, sí ha respondido a cuatro preguntas realizadas por el jurado para aclarar si desde el COTA puede ver en directo en un plano donde está cada patrulla, algo que ha negado y ha manifestado que "allí estamos a ciegas" a pesar de que algunos vehículos tienen GPS porque "no es nada fiable, a veces va y a veces no"; o sobre por qué, en base a la misma ética que pidió el traslado de Tráfico, no solicitó no estar en el COTA, asegurando que los transportes especiales no tiene nada que ver con esta central.

NO IRÁ A PRISIÓN

Antes de su declaración, el fiscal ha explicado a los miembros del jurado el funcionamiento de este tipo de tribunal que tiene más relevancia en casos de asesinato u homicidio con mayores penas pero no en éste, donde la trascendencia únicamente reside en los años de inhabilitación solicitados ya que, aunque se le solicitan dos años de prisión, "probablemente ni entre porque la pena le será suspendida".

Les ha indicado que el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios es una forma de "corrupción" pero con un nombre "elegante" y ha afirmado que su labor es demostrarles que el acusado aprovechó su condición de agente de la guardia civil para facilitar el negocio de su mujer y frente a lo cual, en su declaración, el implicado "puede mentir y generar dudas" para defenderse porque es su derecho.

No obstante, el abogado de la defensa ha asegurado a los miembros del jurado que su cliente "no va a mentir" porque "la verdad" servirá para demostrar "su inocencia y restaurar su honor" después de que se le esté "culpando de algo que no ha hecho".

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