Asimismo, el procesado deberá devolver los más de 11.000 euros que se había quedado, más los intereses legales. El acusado, aprovechando su condición de presidente de la comunidad, se apoderó de 11.435 euros de la cuenta de la comunidad de propietarios, abierta en la entidad Liberbank. El hombre estaba autorizado para disponer del dinero por razón de su cargo.

El acuerdo alcanzado rebaja la pena solicitada inicialmente por la Fiscalía, quien consideró los hechos como un delito continuado de administración desleal y solicitó una condena de dos años de prisión, el abono de las costas procesales y el pago de una indemnización por el valor del dinero que se había quedado.

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