Portavoz de CHA en Caspe, Rafael Guardia.
Portavoz de CHA en Caspe, Rafael Guardia. DPZ

Las posibilidades que se platean para que los municipios puedan beneficiarse son o bien participando en la futura gestión o bien recibiendo parte de los rendimientos de la nueva explotación.

El grupo de CHA en el Ayuntamiento defenderá que Caspe se beneficie del salto hidroeléctrico del embalse de Mequinenza, además de solicitar que el consistorio manifieste su rechazo a que las centrales hidroeléctricas cuya concesión haya caducado sigan gestionadas por la iniciativa privada tras ser sacadas a subasta.

Guardia ha afirmado que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente "va a sacar a subasta, de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, incumpliendo de esta manera la legislación vigente en materia de aguas".

En este sentido, ha destacado que esto "impide a los municipio afectados, como Caspe, utilizar los recursos derivados de la explotación directa y, por tanto, una merma de recursos evidente para el desarrollo socioeconómico".

CHA ha considerado "gravísimo" que el ejecutivo central se oponga a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales y

a que reciban parte de los rendimientos de la nueva explotación. "Ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que la población del Bajo Aragón-Caspe va a poner los recursos, y los beneficios se van a ir fuera", ha explicado.

Por otro lado, el grupo municipal de CHA ha solicitado que el Gobierno de España modifique la normativa del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados.

"También solicitamos medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados", ha afirmado el portavoz de CHA.

En este sentido, Guardia también pedirá limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, ya que les corresponde a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal.

En relación a esto, las Cortes de Aragón ya aprobaron en abril de 2016, sin votos en contra, abogar por recuperar estas centrales para hacer "justicia territorial" con los municipios y comarcas que han soportado durante décadas esta servidumbre.

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