En un comunicado, Sanz muestra su "plena confianza en la Justicia", exponiendo que ante la decisión del Supremo de devolver las actuaciones al juzgado de origen para que el mismo le tome declaración y así individualizar los indicios que pesasen en su contra, el lunes mismo solicitará su "declaración inmediata para aclarar y dejar zanjado definitivamente este asunto. Así, espera que tras su declaración, "la resolución será positiva y quedará reparado el buen nombre de los concejales y el mío propio, así como el trabajo que han desarrollado en el Ayuntamiento y, lo que es más importante, el buen nombre de Tomares".

"En el Ayuntamiento, tanto los habilitados como todos mis compañeros siempre han actuado conforme a la Ley y con absoluta honestidad, y así lo manifestare en el Juzgado para aclarar definitivamente el asunto", ha recalcado Sanz. Así, ha insistido en que "nunca se ha hecho nada irregular en el Ayuntamiento y todos las actuaciones de los concejales y la mía propia siempre han sido refrendadas y autorizadas por los técnicos y por los habilitados nacionales y siempre han respetado de manera escrupulosa la Ley".

EL AUTO DEL SUPREMO

En un auto fechado el pasado 8 de febrero y recogido por Europa Press, el Supremo responde a la exposición razonada que le había elevado el pasado mes de noviembre la citada instancia judicial respecto a la investigación de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la sociedad Guerra 21 y el "entramado empresarial" al que pertenecería la entidad, toda vez que la Fiscalía aprecia un posible delito continuado de prevaricación administrativa y ve "indicios" sobre el alcalde del municipio y senador popular por Andalucía, José Luis Sanz.

Según el Supremo, a la hora de valorar "la necesidad de recibir declaración al aforado (por parte de dicha instancia) y en su caso continuar con la práctica de diligencias", "no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado". Por contra, "es indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia exponga las razones que determinarían la incoación por el Supremo del procedimiento especial y esa exposición razonada debe ser lo suficientemente exhaustiva para delimitar el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".

Por eso, y vista la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número ocho, el Supremo resuelve en este auto que "procede la devolución de la causa al juzgado de procedencia, a fin de que pueda tomar declaración al alcalde, único aforado ante esta sala, citándole como investigado si voluntariamente se prestase a ello, y tras la práctica de esa diligencia y las que de ella pudieran derivarse, individualizar los indicios que contra el aforado pudieran existir y que en tal caso justificasen el envío de una nueva exposición razonada".

Así, y ya en la parte dispositiva de su auto, el Supremo acuerda devolver al juzgado su propia exposición razonada "para que proceda conforme a lo expuesto", considerando en paralelo que "no ha lugar, por el momento, a la apertura de procedimiento penal contra el aforado" José Luis Sanz.

Estas diligencias judiciales concretas se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto de 2017, toda vez que ya en 2015, el Supremo había archivado ya las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

NUEVA CAUSA

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.

Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial y en las que se encuadra el citado auto del Supremo, se centran en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual".

Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio de 2017, según el cual "las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal".

VARIOS INVESTIGADOS

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias estarían investigados, principalmente, los administradores de la sociedad Guerra 21; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.

En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, precisando que "un investigado es aforado", en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los "indicios que pesan" sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos", el Ministerio Público exponía que "debe procederse" conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.