La sentencia, con fecha del 20 de febrero, también condena a la Diputación ourensana a convocar una mesa general del consorcio para iniciar el proceso negociador de los fondos con las centrales sindicales.

De este modo, la justicia da la razón a la Confederación Intersindical Galega (CIG), que pidió la nulidad de la resolución del 27 de febrero de 2017, según la cual se aprobaron dichos presupuestos.

La central nacionalista ha remitido el fallo judicial este jueves a los medios de comunicación, acompañado de una nota de prensa en la que reivindica que su demanda se basó en la "falta de negociación colectiva", al "no haber convocado" el organismo provincial a los sindicatos para abordar las cuestiones relativas al personal.

Dichas alegaciones fueron desestimadas por la Diputación de Ourense porque, según indica el sindicato, el consorcio está formado "exclusivamente por personal laboral".