Gerardo Antuña
Gerardo Antuña EUROPA PRESS

Según ha explicado Gerardo Antuña, el contrato de conservación y mantenimiento de la red de semáforos fue adjudicado el 10 de diciembre de 2009, con un plazo de ejecución de cuatro años y dos posibles prorrogas anuales, con lo cual el 31 de diciembre de 2015 ese contrato tendría que volverse a licitar.

"La primera irregularidad consistió en prorrogar un contrato que ya no admitía más prorrogas y que vencía al día siguiente de que una Junta de Gobierno, el 30 de diciembre de 2015, aprobara una prorroga irregular o ilegal, puesto que se había acabado ya la cadencia del contrato y todas las prorrogas que admitía", ha explicado el edil 'popular'. Esa prorroga se amplió hasta junio de 2016, según Antuña.

Además, el concejal del PP ha señalado que después de ese 30 de junio de 2016, momento en que finalizaba la prorroga ilegal, "los miembros pertenecientes a la Junta de Gobierno mantienen el contrato sin ningún tipo de acuerdo legal, para mantenerlos hasta la fecha actual".

Antuña ha explicado que Intervención General del Ayuntamiento formuló el correspondiente reparo el 11 de mayo de 2017 cuando el tripartito se propuso tramitar con un expediente extrajudicial abonar al contratista las facturas que reclamaba por los servicios prestados "de manera ilegal".

Por otro lado, el edil del PP ha indicado que en fechas posteriores el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, el 18 de enero de 2018, dictaminó que el contrato tenía esas dos irregularidades. Por una parte, una prorroga que no tenía cabida, y otra que el mantenimiento del contrato desde el 30 de junio de 2016 no se ajusta a ningún tipo de legalidad.

"Las irregularidades que está cometiendo este equipo de gobierno, el de la transparencia, van directamente contra la ley. No hay ningún amparo legal ni para la prorroga ni mucho menos para mantener el contrato", ha afirmado el edil.

Antuña ha señalado que en esa Junta de Gobierno "está el que grita en todos los plenos hablando de legalidad, Rubén Rosón". "También está el concejal de seguridad ciudadana, Ricardo Fernández, el cual es el último responsable de este contrato", ha añadido. Por último, ha señalado al alcalde de Oviedo, Wenceslao López, "que estando en esa Junta de Gobierno no paró esas prorrogas ilegales ni mucho menos un contrato que no tenía sustento legal en ningún tipo de ordenamiento jurídico".

Antuña ha instado al regidor local a que dé una explicación de por qué ese contrato no se licitó y no se ejecutó de manera legal, "sobre todo porque muchos miembros de gobierno han criticado cosas que luego ellos han hecho peor".

Al ser preguntado por los medios, Gerardo Antuña ha señalado que las facturas no se pudieron pagar por el reparo de Intervención, y que el tripartito quería hacerlo por un expediente extrajudicial. "En teoría la empresa lleva sin cobrar un año. En el caso de que hayan cobrado quiero saber cómo lo han hecho con el reparo de Intervención", ha concluido.

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