El PP presentó una proposición no de ley en el legislativo vasco, que se debatirá hoy, con el fin de que se rechazaran los actos conmemorativos a quienes integraron ETA o que estuvieron relacionados con la banda, al suponer "una revictimación para las víctimas". La iniciativa fue enmendada a la totalidad por el resto de grupos.

Tras mantener contactos entre las diferentes formaciones para transar un texto, jeltzales, socialistas y Elkarrekin Podemos han llegado a un acuerdo y, por lo tanto, su documento, de seis puntos, saldrá adelante.

En él manifiestan su "rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas, bien por su condición de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o justificaron la violencia como medio para conseguir fines políticos". "Dichos homenajes son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas", aseveran.

Además, recuerdan "la obligación inexcusable e inaplazable de los poderes públicos de garantizar las políticas que expresen el sentimiento de reconocimiento, reparación y justicia debido a las víctimas del terrorismo y de vulneración de derechos humanos, eliminando los agravios sufridos, y los que pudieran provocárseles, adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización".

En este sentido, piden a la Cámara que reitere su reconocimiento y solidaridad "hacia todas las víctimas, y se comprometa con la construcción de una memoria que deslegitime la justificación, aval o enaltecimiento de toda forma de terrorismo, violencia o vulneración de los derechos humanos".

También reclama al Gobierno Vasco a continuar desarrollando "los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a las víctimas y a reforzar su protección frente a cualquier forma de revictimización".

En todo caso, jeltzales y socialistas consideran que la ponencia de memoria y convivencia -de la que se autoexcluyó el PP- "es el ámbito adecuado para alcanzar un consenso sobre las medidas orientadas a la desaparición de simbologías y conductas que, desbordando los derechos de reunión o libertad de expresión", suponen enaltecimiento del terrorismo.

A su juicio, "el ejercicio de los principios de reinserción y resocialización deben tomarse también en consideración para avanzar en una convivencia lo más normalizada posible". "Estos principios deben poder aplicarse a las personas privadas de libertad, tanto durante como tras el cumplimiento de sus penas", aseguran.

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