Así lo ha asegurado Ruiz Espejo, que ha participado en un acto celebrado en la sede de la ONCE en la capital en el que también han estado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; y la portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez.

Para Ruiz Espejo, la apuesta social de la Junta se concreta en la creación de tres nuevas leyes, como son, ha dicho, la Ley autonómica de Renta Mínima de Inserción Social, la de Atención a la Discapacidad y la de Servicios Sociales. En el caso de la primera, ha asegurado que la iniciativa del Gobierno andaluz "beneficiará a 7.700 familias en la provincia de Málaga", dentro de la estrategia de la Junta "de seguir ampliando derechos y de demostrar que hay otra forma de gobernar pese a la situación económica que existe a nivel general en el conjunto español".

En este punto, ha incidido en que el Estado del bienestar "es el gran patrimonio que tenemos en Andalucía" incidiendo, además, que "incluso en tiempos de crisis se ha permitido crear una arquitectura para proteger a la ciudadanía con menos recursos para conservar su cuarto pilar y es una apuesta que hoy queremos compartir con todos los colectivos y asociaciones de la provincia de Málaga".

Por ello, dentro de la campaña #ConquistandoDerechos, los socialistas andaluces han desarrollado una agenda de actos por toda la comunidad autónoma y por la provincia con especial hincapié en informar a los colectivos que trabajan con las personas en mayor situación de vulnerabilidad. "Son los principales destinatarios de estas tres leyes", ha concluido.

Por su parte, la consejera de Igualdad de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha reivindicado la importancia de consolidar los "derechos de ciudadanía" dentro de los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos.

"Al igual que ocurre con la salud, para los socialistas dar a acceso universal a toda la ciudadanía con determinados problemas sociales es una ayuda que debemos cubrir desde lo público con prestaciones garantizadas, colocamos a las personas en el centro de la acción política", ha valorado, al tiempo que ha explicado que, dentro del catálogo de servicios, se incluye la Renta Mínima de Inserción Social y la Atención a las Personas con Discapacidad.

En este sentido, ha agregado que desde la Junta "seguimos trabajando en esta materia", recordando que este pasado martes se aprobó el decreto que regula la contratación social "lo que garantiza, en igualdad de oportunidades, trabajar con la iniciativa no lucrativa y con el tejido asociativo en materia de contratación pública, dando cercanía y representatividad a colectivos destacados como el de los discapacitados, que incluye a 700.000 personas en nuestra tierra, o de 120.000 personas en el caso de la Renta Mínima".

Para ello, ha asegurado Sánchez Rubio, la Junta de Andalucía ha previsto un gasto de 1.300 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Atención a la Discapacidad o de 200 millones de euros para el desarrollo de la Renta Mínima de Inserción Social en 2018.

"No hablamos sólo de una declaración de intenciones, son políticas que tienen consagrado ya unos presupuestos que están aprobados y que dan estabilidad a Andalucía", ha concluido.