Galicia vive la undécima jornada efectiva de huelga en la justicia con más de 7.000 juicios y también millares de trámites aplazados, según los cálculos de los sindicatos, quienes constatan que, de facto, los juzgados están "paralizados", al igual que los registros civiles.

Un día después de que se rompiesen de nuevo las negociaciones, las partes se mantienen en sus respectivas posturas y retomar el diálogo parece complicado.

Los sindicatos, muy críticos con la presencia del director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien encabeza la delegación de la Xunta en las negociaciones, junto con el responsable de Xustiza, Juan José Martín, exigen un cambio de interlocutor para volver a sentarse.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aunque ha hecho un llamamiento a los sindicatos a que recapaciten, ha puesto en duda que quieran en realidad alcanzar "un acuerdo".

También se ha reafirmado en que la propuesta de la Xunta -que, en lo que respecta a la subida retributiva, el comité de huelga calificó de "ridícula"- sigue encima de la mesa. A su juicio, un aumento en el complemento autonómico de entre 816 y 1.080 euros al año, en función del cuerpo, es generoso.

Los sindicatos, por su parte, también acusan al Gobierno gallego de no querer negociar. Este miércoles se han celebrado asambleas y, según las fuentes sindicales consultadas por Europa Press, han sido "masivas". "Los trabajadores están dispuestos a aguantar y no vamos a dar un paso atrás", señalan.

La vista está puesta ahora en la manifestación del próximo sábado en Santiago.

SEGUIMIENTO

En esta coyuntura, los sindicatos mantienen el seguimiento de la huelga en una media del 90 por ciento en Galicia, mientras que la Xunta lo rebaja al 37,48 por ciento. Fueron a la huelga, según la Administración gallega, 1.012 personas de un total de 2.700 trabajadores.

Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue del 37,11 por ciento; en Lugo, del 30,63 por ciento; en Ourense, del 40,15 por ciento; y en Pontevedra, del 43,33 por ciento.

En el cálculo de estos datos, la Xunta tiene en cuenta que 145 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días de libranza) y 775 estuvieron de servicios mínimos, que se cumplieron en su totalidad.