Antes de participar en un encuentro con representantes públicos y orgánicos del PSOE en la provincia, el consejero ha subrayado que el urbanismo "no puede ser un freno, y sí un aliado, para el desarrollo económico de una comunidad autónoma como Andalucía en la que el principal problema sigue siendo el desempleo y la economía tiene que seguir creciendo".
En ese sentido, José Fiscal ha considerado como "fundamental" la agilización de los trámites. "No puede haber un proyecto industrial o de cualquier otra índole que, ajustándose a las normas y respetando escrupulosamente todo tipo de normativas que existen en nuestra tierra para garantizar la sostenibilidad, por cualquier cuestión relacionada con el urbanismo, pueda abandonar su intención de instalarse en Andalucía o se haga de mala manera", ha indicado.
Fiscal, que ha reconocido que este nuevo marco legal ha despertado "expectativas importantes" en los ayuntamientos, ha indicado que el Gobierno andaluz "está recogiendo la opinión de los actores y protagonistas del urbanismo en Andalucía".
Por último, ha confiado en que el anteproyecto de ley sea remitido al Parlamento andaluz en el periodo de sesiones vigente y, con posterioridad, la norma pueda ser aprobada "en lo que queda de legislatura".
Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha señalado que la futura ley "tiene que dar respuesta a la agilidad administrativa que requiere una administración moderna y a la preservación de los valores medios ambientales de zona rurales con especial interés como puede ser la Vega de Granada".
Asimismo, Entrena ha planteado que "ponga especial énfasis en los cascos históricos y urbanos consolidados para sacarle el máximo rendimiento a nivel de vivienda para la ciudadanía", al tiempo que ha apuntado que "sea flexible y se adapte a las necesidades de la gente en cuanto a los nuevos desarrollos urbanos".
Tras defender que el texto permita "el desarrollo económico sostenible de la provincia de Granada", el dirigente socialista ha abogado por que sea también "sensible" a la realidad de aquellos ayuntamientos más pequeños.
"Un municipio de 500 habitantes no puede tener el mismo recorrido procedimental que una gran ciudad, y esta ley tiene que dar respuesta a este tipo de situaciones", ha expuesto.
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