En un comunicado, la organización expone que "al margen" de los altercados acontecidos durante el desalojo policial acometido en las citadas viviendas, "en este caso la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada". Y es que "no existe riesgo de fuga, la mayoría de los encarcelados son personas sin hogar y carecen de recursos económicos, no hay pruebas a destruir y no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas".

Para APDH-A, la aplicación de la prisión preventiva constituye en este caso "una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres", atisbando "un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación de la función social de la vivienda".

Por eso, la organización reclama la "inmediata liberación" de estas personas y "que se despenalice la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas", al objeto de favorecer "una dinámica de mediación social y política para dar respuesta a las necesidades básicas de la población, poniendo al servicio de las personas las viviendas sin uso real".