El Parlament insta al Gobierno a "no instrumentalizar" la Fiscalía y "no judicializar la vida política"

  • El Parlament ha instado al Gobierno central a "no instrumentalizar" la Fiscalía General del Estado y "no judicializar" la vida política, respetando "escrupulosamente" la separación de poderes.
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Este ha sido el único punto que se ha aprobado este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament de la proposición no de ley (PNL) que ha presentado MÉS per Menorca, relativa a la "liberación de los presos políticos" y un proceso electoral "limpio".

Asimismo, el texto consensuado ha sido consecuencia de la aceptación de una enmienda presentada por el Grupo Socialista y ha sido aprobado por los votos a favor de MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podemos, el Grupo Socialista, y el Mixto; y con cuatro votos en contra por parte del PP y una abstención de El PI. El resto de los puntos han sido rechazados por la mayoría de la Comisión y el sexto ha sido retirado por el grupo ponente.

La iniciativa original mostraba su rechazo y denunciaba la "vulneración de los derechos humanos, civiles y democráticos que sufre Cataluña y, en especial, los líderes y representantes del Govern de la Generalitat".

En esta línea, se reconocía al presidente, al vicepresidente y a los consellers de la Generalitat, "tanto los que han sido encarcelados como los que se encuentran en el exilio, como gobierno legítimo".

GESTIÓN PROCESAL COMÚN EN JUSTICIA

Además, la Comisión Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha rechazado, con el voto en contra de MÉS per Mallorca, Podemos, El PI, MÉS per Menorca, el grupo Mixto y el PSIB, y el voto a favor del PP (grupo ponente), una proposición no de ley (PNL) relativa al sistema de gestión procesal común en la Administración de Justicia.

La propuesta, para la cual los 'populares' no han aceptado ninguna de las enmiendas que se sugerían, pretendía instar a las Comunidades Autónomas a sumarse al Gobierno central en una estrategia cuyo objetivo fuera conseguir un sistema de gestión procesal común adoptado por las administraciones con competencias en administración de Justicia.

También, se pedía al Gobierno central que diseñara el modelo para el desarrollo y la implantación de un sistema de gestión procesal común, con la premisa de que este sistema estuviera basado en la "excelencia técnica". Por último, se solicitaba la dotación de los medios humanos, materiales y económicos necesarios para poner en marcha este sistema.

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