"Hacemos una valoración positiva y recibimos con alegría la sentencia porque es una victoria de las 14 trabajadoras frente a la CEOE, que ha tratado de humillarlas, obligándolas a trabajar sin cobrar y tratando de minarlas, pero han resistido y han vencido", ha esgrimido Cubero.

A su entender, estas empleadas "han dado un ejemplo de dignidad y resistencia y su victoria es la victoria de la clase trabajadora y agradecemos su ejemplo para el resto de la ciudadanía".

En rueda de prensa, ha detallado que las trabajadoras no forman parte de la plantilla y en concreto dice el juez que son personal subrogado indefinido no fijo. "No dice más y queda al análisis de los servicios jurídicos porque solo dice la categoría con la que deben ser subrogadas al ayuntamiento", ha explicado.

Cubero ha dicho que se estudiará incluir las 14 plazas al debate de la ampliación de la plantilla municipal y ha confiado en que no se bloquee por los grupos de la oposición.

Asimismo, ha enfatizado que la sentencia es un "espaldarazo a los procesos de municipalización" que han encabezado los gobiernos del cambio desde 2015. "El juez ratifica revertir los servicios externalizados hacia lo público, de donde no deberían haber salido porque suponen más precariedad, mayor coste y son caldo de cultivo de numerosas tramas de corrupción del país", ha opinado.

Ha apuntado que esta sentencia y la emitida por un juzgado de Valladolid sobre el agua "abren un camino, que es costoso", para "frenar la ola privatizadora de los últimos 40 años y revertir a lo

público los servicios esenciales".

OTROS SERVICIOS

Cubero ha enfatizado que "se ha privatizado, generando ramas de corrupción" y para hacer el camino inverso "se ha tenido que sufrir dos años de periplos, zancadillas y palos en las ruedas". Ha estimado que la municipalización "es un camino costoso, pero se abre una brecha gracias a los gobiernos del cambio", ha señalado.

A su parecer, con esta sentencia, el juez "ratifica" lo que este Gobierno municipal ha llevado a votar tres veces en el pleno, que "se bloqueó por el tripartito del PP, PSOE y Ciudadanos".

"Lo que dijo un juez lo han bloqueado por tres ves y en 2017 hasta el presupuesto para que el servicio del 010 no se remunicipalizara y hoy dice el juez que no solo era legal, sino de justicia social", ha relatado.

De la lectura de la sentencia, Cubero ha deducido que el juez dice que debería estar municipalizado desde julio de 2017, aunque no es firme por lo que ha adelantado que cuando lo sea el proceso de municipalización "se llevará a cabo", tal y lo han defendido y como se ha planteado hasta en tres ocasiones en el pleno, ha incidido. No obstante, ha precisado que los servicios jurídicos analizan el contenido de la sentencia.

Tras avanzar que continuará "intentado rescatar servicios hacia lo público", ha precisado que esperarán "un tiempo necesario y en breve se podrá anunciar, ya sea desde cualquier organismo y sociedad", para aseverar que no teme a las consecuencias.

En el servicio de parques y jardines, que gestiona la empresa FCC, ha recordado que los nuevos pliegos de la contrata están recurridos por la patronal porque "no quiere cláusulas sociales" y ha confiado en que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) resuelva en favor de los intereses de la ciudad y, cuando haya fallo, estudiará si se recurre a un tribunal superior o si sigue adelante el proceso.

SENTENCIA

El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ha reconocido a las 14 trabajadoras del servicio municipal de atención telefónica 010 como empleadas "indefinidas no fijas" del Ayuntamiento de la ciudad desde el pasado 1 de julio, fecha a partir de la que mantienen una relación laboral con contrato indefinido con el Consistorio.

De esta forma, la sentencia atiende la demanda interpuesta por las trabajadoras el pasado mes de octubre contra la empresa concesionaria Pyrenalia y el Ayuntamiento para que se reconociera la relación laboral con contrato indefinido con el consistorio después de que la Administración local asumiera el pago de las nóminas que les adeudaba la concesionaria.

La sentencia, que no es firme, asume que las trabajadoras mantienen una relación laboral con el consistorio como "indefinidas no fijas" y advierte de que su contratación ha sido "irregular", por lo que no se permite su integración en la plantilla municipal.

Aunque las trabajadoras estuvieron sin cobrar entre junio y septiembre de 2017 porque Pyrenalia alega insolvencia, el Ayuntamiento decidió mantener el servicio por razones de interés público -ya que es de los más valorados por la ciudadanía-

y asumió el coste de las mensualidades atrasadas en virtud de un acuerdo alcanzado en otro proceso judicial en el que las trabajadoras reclamaron el cobro de sus salarios.