La CUP
La exdiputada de la CUP Anna Gabriel en el Parlament. Alberto Estévez / EFE

A las 9.30 horas de esta mañana, y tal como anunció su defensa, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel no se ha personado en el Tribunal Supremo para declarar como investigada por los delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos que le imputa indiciariamente el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra el 'procés' que propició la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10ho tras constatar que habían pasado 30 minutos y Gabriel no aparecía. Solo se han personado ante el juez la acusación particular representada por la Abogacía del Estado y la popular ejercida por el partido Vox.

Faltaba la Fiscalía, que no ha revelado por el momento si solicitará orden internacional de busca y captura,  al tratarse de una extradición (en Suiza no rige la euroorden). La Abogacía del Estado, se adherirá a lo que solicite del fiscal. Vox sí ha solicitado en cambio que se dicte esta órden.

Llarena, tras recibir el escrito de Gabriel, optó por mantener la citación. Al juez le tocará decidir qué pasos da y si inicia el procedimiento para pedir su detención y extradición a Suiza. De momento el acta de incomparecencia ha sido al magistrado instructor, que esperaba en su despacho, y que podrá entonces acordar lo que considere oportuno al respecto.

La defensa considera que sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento" y entiende que en la causa que la investiga "no existe derecho a un juicio justo". Gabriel es la segunda integrante de la CUP citada a declarar: la primera, la también exdiputada Mireia Boya, sí compareció ante el Supremo y fue puesta en libertad sin medidas cautelares.

Se trata además de la sexta investigada en esta causa que huye de la justicia después del expresident Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros (Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig.) quienes permanecen en Bélgica desde octubre y para quienes Llarena desactivó la orden de detención internacional que había dictado contra ellos la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la que comenzó a investigar inicialmente los hechos.

Suiza se desmarca

La legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, "por regla general", al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones. El Gobierno suizo ha anticipado que, "a priori", este caso parece estar ligado a delitos políticos, por lo que si España pide la extradición sería eventualmente rechazada.

La estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasará por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero "tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado sin embargo que no prevé "ninguna dificultad" para la extradición de la exdiputada de la CUP  si el juez del Supremo emitiera una orden internacional para su detención. En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro ha dicho que no se le ocurre qué podría pasar para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada en España.

Catalá ha destacado que el derecho de extradición es "propio de sociedades democráticas" y ha explicado que será el juez suizo quien determinará si existe el principio de "doble incriminación", para ver si los delitos por los que "hipotéticamente" se pueda acusar a Gabriel en España existen en ese país. Pero no prevé dificultades porque el código penal suizo es "propio del siglo XXI", al igual que el español, y contempla los delitos de traición al Estado.