El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) busca el marco normativo sobre las posibles indemnizaciones y pensiones vitalicias para los afectados por la talidomida, un fármaco para las náuseas de las embarazadas que causó malformaciones en los fetos.

Así lo ha asegurado el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), Rafael Basterrechea, que junto con el presidente, José Riquelme, se han reunido este martes con la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, para tratar el futuro marco normativo sobre esta materia.

Basterrechea ha asegurado que ha sido "una primera toma de contacto" con la directora del Imserso, quien ha mostrado "buena predisposición" a atender a las reivindicaciones de los afectados, con los que contará antes de tomar ninguna decisión, según ha dicho el vicepresidente de Avite. Asimismo, el vicepresidente ha afirmado que Balfagón se ha mostrado convencida de que hay que elaborar una norma y les ha emplazado a una nueva reunión en los próximos días.

El Ministerio de Sanidad habilitó en enero un portal de internet para que los expertos evalúen si una persona está realmente afectada por la talidomida. Las personas potencialmente afectadas tienen un plazo de seis meses para solicitar de forma oficial que se estudie su caso en las Unidades Diagnósticas de cada comunidad autónoma.

Una vez que se recibe la solicitud, las unidades analizan si los casos son o no compatibles con la embiopatía por talidomida y redactan un informe provisional que se cuelga en la Plataforma colaborativa para que pueda ser visto y valorado por el Comité Científico-Técnico y el Comité de expertos, los encargados de la validación final del mismo.

Los casos validados positivamente son comunicados a los afectados y pasan a formar parte del Registro Oficial de Afectados por la Talidomida. Avite calcula que entre 2.000 y 3.000 personas en España están afectados por este fármaco comercializado por la farmacéutica Grünenthal.