En declaraciones a Europa Press, Torres ha recordado que, en el caso de Ibiza, también están trabajando en expedientes "y alguno de ellos son el caso concreto de Airbnb y próximamente también se les enviará la correspondiente notificación".

Según el director insular, es importante que "sea en la isla que sea" se pueda continuar con los procedimientos iniciados por alguna actividad irregular, como es el caso de anunciar propiedades en la plataforma sin reunir los requisitos exigidos, es decir, no disponer del título habilitado.

En concreto, según el Govern, la plataforma ha comercializado viviendas turísticas sin la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) o sin indicar el número de inscripción turística. La plataforma tiene ahora 15 días hábiles para presentar alegaciones.

Desde la aprobación de la ley turística de Baleares no se había iniciado ningún expediente sancionador tipificado como falta muy grave en Mallorca.

Según la normativa en vigor, la sanción por infracciones cualificadas como muy graves tiene que ser de entre 40.001 y 400.000 euros. En este caso, la resolución determina que sea de 300.000 euros.

En caso de que la plataforma Airbnb reincida en la comercialización de viviendas turísticas ilegales, la sanción podrá ser incrementada.

La plataforma Airbnb, a pesar de haber sido advertida por la Dirección General de Turismo de que se tenía que adecuar a los cambios introducidos en la ley, ha continuado infringiendo la normativa turística.

El acta que certifica la infracción que motiva este expediente fue levantada el 1 de febrero de 2018 y contiene en sus anexos 20 viviendas turísticas consideradas como oferta ilegal según la Ley 6/2017.