El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada era, en el año 2015, directora de la Residencia Villa de Somió, en el Camino de la Gola de Gijón. En dicha residencia trabajaba como médico el también acusado. Según el fiscal, el domingo 31 de mayo de 2015 por la mañana, la víctima nacida el 18 de mayo de 1918, la cual se encontraba viviendo en la residencia, comenzó a quejarse de fuertes dolores en la pierna derecha, hecho del que se percató una trabajadora, que le estaba dando el desayuno. La trabajadora comunicó de inmediato la circunstancia a la directora, si bien esta última optó por no llamar a los servicios médicos ni a la familia.

Al día siguiente por la mañana, ante la persistencia de los dolores, la directora se comunicó con el médico del geriátrico, el también acusado. El facultativo examinó a la mujer pero no tomó ninguna decisión al respecto pese a la persistencia del dolor, que le impedía andar, y a que no existía ninguna causa traumática para el mismo. El médico se marchó de la residencia por la tarde.

Esa misma noche, la trabajadora a ntes citada, cuando entró en el turno de noche y acostó a la víctima, percibió que la mujer continuaba con fuertes dolores, que si le tocaba el pie derecho se quejaba muchísimo y que el pie estaba blanco y frío, por lo que de nuevo, alarmada, dio aviso a la directora, inquiriéndole sobre si había llamado a la familia. Pese a ello, la acusada, al igual que el día anterior, ni avisó a los servicios médicos ni a la familia y ello pese a su experiencia profesional en el ámbito residencial, estando licenciada en Enfermería y diplomada en Geriatría.

A día siguiente, la directora, a pesar de que persistía el dolor, ni avisó al médico de la residencia ni trasladó a la mujer urgentemente a un hospital; simplemente, en torno al mediodía, avisó sin ningún alarmismo a la familia de que la mujer presentaba un dolor en la pierna derecha pero silenciando que la misma estuviera fría ni los días que llevaba prolongándose esa situación.

Ante esta llamada, familiares de la anciana se trasladaron a la Residencia Villa de Somio SL y la llevaron en su propio vehículo al hospital de Jove, donde llegó a las 17:05 horas.

Nada más llegar al hospital, los facultativos diagnosticaron que la mujer padecía una isquemia aguda en el miembro inferior derecho y acordaron el traslado inmediato al servicio de cirugía vascular del hospital de Cabueñes, dada la gravedad de la paciente. Allí confirmaron el diagnóstico de isquemia arterial aguda irreversible en cuanto a la salvación del miembro afectado y cuya única opción terapeútica para tratar de preservar la vida de la mujer era la amputación, pese a las pocas posibilidades existentes de supervivencia ante la tardanza en ser tratada convenientemente.

Ante estas indicaciones la familia autorizó la operación quirúrgica, que se practicó el mismo día 2 de junio, si bien la mujer no pudo superar la intervención y el día 7 de junio falleció

por un fallo multiorgánico.

Considera el escrito de Fiscalía que de haber recibido atención médica precoz desde que se detectaron los fuertes dolores en la pierna el día 31 de mayo de 2015 por la mañana y no haber esperado hasta el día 2 de junio por la tarde para su traslado al hospital, las probabilidades de supervivencia de la anciana, pese a la gravedad de la obstrucción arterial y su edad, hubieran aumentado considerablemente.

Así recoge el escrito que fue la actitud de ambos acusados, pese a su experiencia profesional, al no hacer nada desde que tuvieron conocimiento de los dolores intensos, los que determinaron que la pierna no fuera susceptible de salvarse y que las posibilidades de sobrevivir desaparecieran prácticamente por completo.

La Residencia Villa de Somio SL está asegurada con la aseguradora Ocaso SA Seguros y Reaseguros y el médico está asegurado con la aseguradora Agrupación Mutual Aseguradora AMA.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y solicita que se condene a la directora a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la geriatría durante 3 años. Y al médico a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica durante 3 años.

El Ministerio Fiscal solicita igualmente que ambos acusados indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a los tres hijos de la víctima con 16.000 euros a cada uno de ellos por la muerte de su madre, más los intereses legales.

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