Sota ha realizado estas afirmaciones tras la toma de posesión de Pedro Pérez Eslava como interventor general, y de Manuel Díaz Mendoza como nuevo director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT), a la que seguirá este martes la de Jesús Bulnes como director del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

El consejero ha vuelto a desmentir las informaciones que vinculan el cese del hasta ahora interventor, Gabriel Pérez Penido, nombrado en la pasada legislatura por el PP, con la auditoría de Valdecilla.

"Estaba pendiente y vamos a proceder a hacerla", ha explicado Sota tras reiterar que está "mandatada desde hace dos años por el Consejo de Gobierno".

Sobre los motivos de la demora, desde la Consejería han explicado que se sacó a concurso junto con auditorías de fundaciones pero quedó desierto porque era un contrato "muy amplio" y desde la Intervención General se decidió volver a sacar a contratación externa sólo la auditoría de Valdecilla pero no ha elevado aún a la Consejería los nuevos pliegos.

"No hay ningún tipo de auditoría que estuviera escondida y se presentara en este momento", ha recalcado Sota, quien ha insistido en que eso es una información falsa que "desvirtúa el motivo del cese" del anterior interventor.

Además, ha recalcado que "no hay posible sospecha ni nada que ocultar", ni se pueden hacer auditorías "de forma caprichosa" porque hay un plan anual de auditorías que se publica en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y se sigue "al pie de la letra".

Ha añadido que para algunas auditorías se contrata el apoyo externo de empresas, porque la Intervención General "no tiene suficiente personal para hacerlo", como es el caso de la auditoría de Valdecilla. Por último, ha recalcado que las auditorías se remiten al Parlamento, donde están a disposición de todos los diputados, y ha asegurado que el Gobierno va a "mantener su línea de transparencia total y colaboración con el Parlamento".