Los primeros ertzainas que han comparecido como testigos en el juicio por el 'caso De Miguel' han defendido este lunes el procedimiento empleado en los registros de las empresas y de las viviendas de los principales investigados en este proceso, unas intervenciones policiales que han sido cuestionadas por la defensa por posibles extralimitaciones y errores en la labor de la Ertzaintza.

La Audiencia Provincial de Álava ha reanudado este lunes el juicio del 'caso De Migel', en el que se juzga a 26 personas, entre ellas el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y otros exdirigentes 'jeltzales', por una supuesta trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos públicos.

En la sesión han comparecido los primeros testigos propuestos por la Fiscalía y por las defensas de los acusados, que se enfrentan a penas de entre cuatro y 54 años de cárcel. Los testigos que han comparecido en el juicio son cinco ertzainas que intervinieron en las detenciones y registros efectuados el 17 de marzo de 2010, fecha en la que se arrestó a De Miguel y a otros siete investigados por su implicación en esta presunta red corrupta.

Estos ertzainas, con números de identificación 15.008, 4.178, 3.701, D33L2 y 13.212, intervinieron en los registros de la sede oficial de Kataia, una de las empresas empleadas para las operaciones de la trama, y de los domicilios particulares de Alfredo de Miguel, presunto cabecilla de la red, y del también exdirigente del PNV Aitor Telleria.

Las defensas de Telleria y De Miguel han cuestionado la forma en la que se efectuaron los registros y la incautación del material informático hallado en ellos, tratando de plantear dudas sobre la posible extralimitación de la Ertaintza a la hora de ocupar algunos ordenadores y discos duros, así como sobre una eventual ruptura e la cadena de custodia de estas pruebas.

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