La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, así lo apunta en una sentencia al desestimar el recurso de Isolux Corsan Servicios S.A. contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Zamora que en su día estimó parcialmente una reclamación de cantidad que la mercantil presentó ante el Ayuntamiento de Galende por el servicio de gestión y mantenimiento de las cinco depuradoras del Lago de Sanabria.

En el fallo de la Sala, se ha acordado además remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal a la vista de las irregularidades observadas en la prestación de dicho servicio, en el que están concernidos el Ayuntamiento de Galende, la Diputación Provincial de Zamora y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Según la Sala, entre las citadas irregularidades se encuentran la inexistencia de contrato suscrito con arreglo a la normativa de los contratos públicos, así como la reclamación de pagos por facturas de más de doce años por unos servicios que al parecer se han prestado por la mercantil Isolux Corsan Servicios S.A, sin que conste quién ha fijado su importe, sus revalorizaciones anuales, ni cómo se ha prestado.

También figuran bajo sospecha los pagos del Ayuntamiento de Galende en el año 2012 por importe de aproximadamente 450.000 euros, cuando antes no se había pagado nada, sin existir contrato ni facturas registradas en la oficina municipal y por importes que no se corresponden con las facturas después aportadas en el Consistorio, junto con las subvenciones de la Diputación al Ayuntamiento de Galende sin que conste que se hayan destinado al fin para el que se otorgaron y sin control alguno de la otorgante sobre la existencia del contrato de prestación de servicios y ejecución del mismo.

El TSJCyL también pone la lupa en los pagos realizados únicamente por la Administración autonómica en relación con la depuración del Lago de Sanabria, pero no reclamación a ella de las facturas correspondientes a la prestación del servicio de gestión y mantenimiento, y el certificado del secretario del Ayuntamiento sobre la existencia del contrato de que se trata y la negación de su existencia por el Alcalde de dicho Ayuntamiento.

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