En un auto fechado el 14 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten fianza conjunta y solidariamente de 19.058 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de esta causa, que será juzgada en la Audiencia Provincial de Granada.

La Fiscalía no acusa a ninguna de estas personas y ha solicito el sobreseimiento provisional de la causa por entender que no existen elementos de prueba suficientes contra ninguno de los tres.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, ha solicitado seis años y un día de prisión para el exalcalde por un delito de prevaricación y otro malversación de caudales públicos, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años.

Pide las mismas penas para los otros dos procesados, aunque a la arquitecta municipal suma un

supuesto delito de falsedad en dictamen pericial. En concepto de responsabilidad civil, reclama que los tres acusados indemnicen al consistorio, conjunta y solidariamente, con 14.294,60 euros.

En un auto anterior, el de procedimiento abreviado, el Juzgado exponía que López Ródenas, en su condición de alcalde y "eludiendo el procedimiento legalmente establecido", dictó un decreto de Alcaldía el 25 de julio de 2008 dando luz verde a la adquisición de este local anexo al Consistorio conocido como las marraneras pagando al contando 95.294 euros, lo que considera una "sobrevaloración" a tenor de los informes que obran en las actuaciones.

Concretamente, un informe emitido por un arquitecto técnico fija el valor de mercado en 52.347 euros y otro de la perito judicial ha valorado el inmueble en 26.040 euros.

También se hizo constar la valoración favorable de la arquitecta municipal y del que fuera secretario aludiendo a que 81.000 euros estarían financiados por la Consejería de Gobernación a través de una subvención y 14.294 euros serían de aportación municipal.

Aunque el Ayuntamiento justificó la adquisición del nuevo local en la necesidad de "mayor espacio para oficinas y dependencias municipales" para la prestación de servicios públicos, la titular del Juzgado precisó que "no se ha dado ese uso en ningún momento al inmueble", todo ello, según agregaba, con el correspondiente perjuicio a las arcas públicas debido a la sobrevaloración.

En la causa también está personado el presiente de la Plataforma en Defensa del Río Castril, Miguel Ortiz, que pide penas para el exalcalde de seis años de prisión de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, al que suma otro de prevaricación administrativa por el que reclama inhabilitación por nueve años.

Para el exsecretario y la arquitecta municipal solicita las mismas penas y, en concepto de responsabilidad civil, que los tres indemnicen a las arcas municipales en la misma cantidad que reclama el Ayuntamiento de Castril.

Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, respecto a la que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días y si no fuese estimado el de apelación ante la Audiencia Provincial.

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