El Ministerio Fiscal ha pedido dos años de prisión y una multa que asciende a casi 5.000 euros para un padre y su hijo por un delito de delito contra la ordenación del territorio al presuntamente adquirir una finca rústica en Aljaraque (Huelva) y realizar en la misma una parcelación ilegal al ser contraria a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loula), con el fin de vender las cinco subparcelas resultantes, de unos 2.000 metros cuadrados, tras instalar en ellas casas de madera o similares.

Según reza en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, las viviendas, instaladas en suelo no urbanizable sin especial protección y careciendo de licencia municipal, constan de una planta, sobre suelo de hormigón fijo y de entre 50 y 90 metros cuadrados distribuidas en varias habitaciones y con baños-aseos.

Dos de ellas fueron usadas por sus propietarios, con antencedentes penales por defraudación tributaria y por estafa, como segundas residencias mientras no las vendían, mientras que otras dos fueron vendidas en documento privado por el acusado en 2011 y 2013 y una tercera por valor de 20.800 euros, cuyo nuevo propietario, al comprobar que no se podía construir, instaló una roulotte y una tienda de campaña.

A su vez, según recoge el fiscal en su escrito, en junio de 2013 el hijo anunció en internet, en una página de compra-venta, la venta de parcelas en la finca reseñada por un precio de 60.000 euros con casa construida y de 25.000 euros sin ella, pero al ser detectada esta circunstancia por agentes de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía, se elaboró un atestado, que fue remitido a esta Fiscalía denunciando los hechos.

Por todo ello, el fiscal solicita para cada acusado la pena de dos años de prisión, el pago de una multa de ocho euros diarios durante 20 meses y la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante tres años.

Como responsabilidad civil, acuerda la demolición-retirada de las edificaciones reseñadas a cargo de los acusado y previa elaboración de un proyecto técnico, que con el visto bueno del Ayuntamiento, garantice la restauración total del suelo afectado. En su defecto los acusados abonarán al ayuntamiento el coste de su demolición.

Ambos acusados se sentarán en el banquillo de los acusados este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, a partir de las 12,00 horas.

Consulta aquí más noticias de Huelva.