El fiscal califica los hechos como un delito continuado de apropiación indebida en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, por lo que solicita una pena de dos años y medio de prisión, así como una multa de 2.400 euros y una indemnización por importe de las cantidades sustraídas.

El banco pide, por su parte, una condena de cuatro años de prisión y multa de 3.600 euros, así como la indemnización que le corresponde por el dinero apropiado indebidamente.

El escrito de acusación del fiscal relata hasta 15 operaciones que el acusado realizó entre los años 2001 y 2005, especialmente cancelaciones anticipadas de imposiciones a plazo fijo (IPF) que los clientes no autorizaron y cuyo dinero no fue abonado en sus cuentas y tuvo que ser posteriormente restituido por el banco.

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