Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial
Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial TURISMO ANDALUZ/EUROPA PRESS

Según consta en una diligencia fechada este viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juicio contra el coronel tendrá once sesiones entre el 1 y el 18 de octubre, estando previsto que los acusados presten declaración el día 2 y que declaren una treintena de testigos.

La Fiscalía de Granada solicita para él la pena de nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública, así como una multa de 6,3 millones de euros.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que está personada en el proceso como acusación particular, ha solicitado 18 años de prisión y le atribuye presuntos delitos contra la salud pública, de receptación y blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho, por los que solicita además 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros

Este coronel está considerado uno de los presuntos cabecillas de esta banda de narcotraficantes que introducía hachís procedente de Marruecos por las playas de la zona de Motril (Granada), recibiendo supuestamente dinero a cambio de impedir que los alijos fueran interceptados por la Guardia Civil para su posterior venta.

La AUGC relata en su escrito de acusación la existencia de al menos tres desembarcos de droga con más de ocho toneladas de hachís valorados en más de diez millones de euros, buena parte de los cuales "nunca fueron recuperada procediéndose a su posterior distribución y venta en territorio nacional".

El colectivo ha mantenido su personación en la causa al entender que se trata "de un acto de corrupción en el cuerpo", donde este coronel, que en el momento de los hechos tenía el grado de comandante, se atribuyó el mando directo de todas las operaciones antidroga de la provincia de Granada, "inutilizando y relegando a las unidades responsables de las investigaciones por narcotráfico".

El entonces comandante controlaba presuntamente toda la información, "pues pasaba por sus manos", "moviendo a todas las unidades a su antojo y manipulando a los informadores a sus anchas sin control alguno de la cadena de mando o de instancias judiciales".

Las dos personas que supuestamente colaboraron con él, R.Z. y D.G.M., se enfrentan a una petición fiscal cinco años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares, y contra la salud pública. También se interesan multas de 6,1 millones a cada uno de ellos, según constan en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

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