El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández.
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández. EUROPA PRESS

En rueda de prensa, Fernández se ha referido a una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, de parte del Gobierno, en el que señala que Adif "está trabajando en una serie de actuaciones en la línea Sevilla-Huelva, entre las que cabe destacar la estación" y sobre la línea de Alta Velocidad añade que "se ha actualizado el Estudio Informativo que se someterá próximamente a información pública".

Fernández ha lamentado esta respuesta y ha subrayado el hecho de que la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de la capital hayan pedido de manera conjunta por escrito una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para abordar "la pésima situación" del ferrocarril.

"Hace diez años que se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Huelva, cuando gobernaba el PP, y un gobierno socialista para impulsar

el AVE y ciudadades que firmaron este mismo convenio ya cuentan con él y el de Huelva sigue con los eternos estudios", ha remarcado Fernández.

En este sentido, ha remarcado que "a Huelva hay que venir, no es provincia de paso, y necesita unas infraestructuras modernas y rápidas y el tren es la infraestructura más importante y necesaria".

En otro orden de cosas, el socialista ha criticado "el gran daño" que ha hecho el Gobierno con la reforma laboral, la cual, a su juicio, "se puede reducir con más trabajadores empobrecidos que no llegan a final de mes". Una reforma laboral, ha añadido, que "ha generado bestial brecha salarial y en eso hay que meterse", refiriéndose al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por último, se ha referido a la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), y ha lamentado que Huelva "cuente con 53 efectivos menos de la Policía Nacional", algo que le preocupa por dos motivos, ha asegurado. Por un lado, "porque se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y, por otro, porque es el modus operante del PP", el cual cuando gobierna "recorta derechos y potencia el pago de seguridad privada", ha concluido.

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