Sala de Audiencia Provincial del nuevo Palacio de Justicia de La Rioja
Sala de Audiencia Provincial del nuevo Palacio de Justicia de La Rioja EUROPA PRESS

financiar en 2018 la asistencia jurídica gratuita que prestan los Colegios de Abogados y Procuradores de la Rioja. Se trata, según ha definido la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, de un "servicio público esencial que garantiza que las personas puedan litigar en condiciones de igualdad con independencia de sus recursos económicos", de forma que los más desprotegidos pueden acceder a los servicios profesionales necesarios y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos.

Tal y como ha destacado Martínez Arregui, esta cantidad se destina, fundamentalmente, a "retribuir las actuaciones profesionales que lleven a cabo los abogados y procuradores colegiados relacionadas con el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados", cuando tengan como destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Como ha recordado la portavoz del Ejecutivo regional, en noviembre de 2017 el Gobierno de La Rioja aprobó un Decreto de Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en La Rioja, de acuerdo con la normativa estatal, así como la organización y funcionamiento de los órganos que intervienen en el mismo, y el procedimiento para compensar económicamente las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores.

Con esta norma se pretende proteger y mejorar el derecho a la tutela judicial efectiva; garantizar el adecuado acceso a la justicia para aquellos que puedan tener mayores dificultades; y en tercer lugar "compensar económicamente y de forma adecuada, a los que de una manera directa, soportan y hacen posible el acceso de esas personas a la Justicia, como son abogados y procuradores", ha indicado.

REQUISITOS

La Asistencia Jurídica Gratuita puede ser solicitada por ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España; nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, asociaciones de utilidad pública y fundaciones, siempre y cuando cumplan con unos determinados requisitos.

Para acceder al servicio, la ley establece que los recursos e ingresos económicos brutos por cualquier concepto de la unidad familiar (cónyuge o pareja de hecho e hijos menores) no deben superar las siguientes cantidades; Unidad familiar 1 persona: 2 veces IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples),

12.908,06 euros; Unidad familiar 2 o 3 personas: 2,5 veces IPREM, 16.135,08 euros; y Unidad familiar 4 o más personas: 3 veces IPREM, 19.362,09 euros.

También se tendrán en cuenta los activos financieros y el patrimonio que pueda existir. Si se superan estos umbrales se podrá conceder excepcionalmente en atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo. No obstante, en ningún caso los recursos o ingresos de la unidad familiar podrán exceder en cinco veces el IPREM, es decir, 32.270,16 euros.

En las mismas condiciones se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a personas con discapacidad. Además, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Igualmente se concederá este beneficio a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran ayuda de otras personas, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. En este sentido, también se concederá justicia gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

BALANCE DE ACTIVIDAD EN 2017

Martínez Arregui ha informado que actualmente hay 226 abogados adscritos al Turno de Oficio (120 hombres y 106 mujeres); 184 abogados adscritos a la Asistencia Letrada al Detenido (98 hombres y 86 mujeres); y 108 abogados adscritos al Turno de violencia de género (52 hombres y 56 mujeres).

El balance de este servicio en 2017 revela que el número total de solicitudes recibidas fue de 3.196, lo que supone una disminución de 167 solicitudes con respecto al año anterior. En relación con la naturaleza de las solicitudes: 1.680 corresponden al Orden Penal (52,56 por ciento); 1.256 al Orden Civil (39,30 por ciento); 135 al Orden Social (4,22 por ciento); 51 al Orden al Contencioso-Administrativo (1,60 por ciento) y 74 han sido de carácter administrativo (2,32 por ciento).

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