La alcaldesa de Santiponce, a la derecha de la imagen
La alcaldesa de Santiponce, a la derecha de la imagen ARCHIVO

En un comunicado, el portavoz del PA en el Ayuntamiento de Santiponce, Justo Delgado, avisa de que esta sentencia contraria a la alcaldesa socialista del municipio surge "en plena denuncia del PSOE provincial por el escándalo de la negativa del alcalde de Marinaleda a convocar los plenos" ordinarios, toda vez que Sánchez Gordillo ha declarado ya como investigado ante un juez, a cuenta de la denuncia promovida en su contra por el PSOE por su práctica "continuada" de no convocar plenos ordinarios.

La sentencia en cuestión, según recuerda Delgado, censura a la alcaldesa socialista de Santiponce por "la misma actitud" por la que los socialistas han denunciado a Sánchez Gordillo. Además, señala el PA que Carolina Casanova trabaja como asesora del Gobierno socialista de la Diputación provincial y acumula ya "cuatro sentencias en su contra" por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales de la oposición.

En su sentencia, emitida el pasado 6 de febrero y recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Contencioso número uno se hace eco de un nuevo litigio promovido por el portavoz andalucista del Ayuntamiento poncino, ante otra "conculcación" del derecho fundamental de los concejales a la participación en los asuntos públicos, a manos del Gobierno local que encabeza la socialista Carolina Casanova.

En su litigio, el portavoz andalucista expone que el pasado 30 de marzo de 2017, el Ayuntamiento poncino acordó celebrar plenos ordinarios "el último miércoles de cada mes, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre".

En ese sentido, el recurso contencioso administrativo promovido por el Grupo andalucista ante la "conculcación" de sus derechos fundamentales por la "inactividad" de la alcaldesa avisa de que no fueron convocados los plenos correspondientes a los meses de abril, junio y octubre, toda vez que hasta la interposición del recurso, el Consistorio había celebrado "sólo dos de los cuatro plenos ordinarios" que correspondían.

"Tras la interposición del recurso, la Alcaldía ha continuado incumpliendo el acuerdo, dejando sin convocar el pleno ordinario de octubre, ya que la única sesión que se ha celebrado en octubre ha sido la de septiembre, dado que el último miércoles de octubre fue festivo de carácter local y a principios de noviembre se ha celebrado una sesión de carácter extraordinario", abundaba el PA en su litigio.

ESCRITO DE AVISO

Es más, el portavoz andalucista expone en su recurso que "dado que no fueron convocados los plenos de abril ni junio", instó a tal extremo en un escrito de fecha 13 de julio, un documento que "no ha sido contestado por la Alcaldía". Así las cosas, el recurso del PA señalaba el "incumplimiento" del acuerdo relativo a la celebración mensual de los plenos ordinarios y la vulneración del derecho fundamental de sus concejales a participar en los asuntos públicos.

El Ayuntamiento, de su lado, se opuso al recurso defendiendo que "la falta de una sola convocatoria de pleno, la del mes de junio, no supone un grave quebranto del cargo público ni del ejercicio del derecho fundamental de participación".

EL JUZGADO RESUELVE

Visto el caso, el juzgado admite que "conforme al acuerdo del pleno, debería haberse celebrado plenos ordinarios en abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre", pero "no se han convocado los plenos de abril, junio ni octubre" y hasta la interposición del recurso del PA, el Ayuntamiento poncino celebró "tan sólo dos de los cuatro plenos ordinarios" que correspondía e incluso la "solicitud del actor de convocatoria de pleno de junio de 2017 no obtuvo respuesta, cuando tampoco se había convocado la de abril".

"La negativa por silencio a convocar el pleno ordinario de junio de 2017, además de la no convocatoria de otros plenos, supone una vulneración de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y del acuerdo adoptado en el pleno de fecha 30 de marzo de 2017", zanja directamente la citada instancia judicial.

Por eso, el juzgado declara que "se ha vulnerado el derecho fundamental" del Grupo andalucista a la participación en los asuntos públicos, "al no procederse a la convocatoria de las sesiones ordinarias del pleno".

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