La comunidad educativa de Cataluña, instituciones culturales, diferentes partidos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han expresado este jueves su rechazo frontal a la pretensión del Gobierno de incluir una casilla en la matriculación para que los padres puedan escoger la escolarización en castellano.

La reacción contraria de sindicatos de docentes y estudiantes, de la plataforma Somescola, que agrupa a todas las entidades de la comunidad educativa, y de Òmnium Cultural, entre otros, ha llegado después que el Gobierno ha anunciado que estudia la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos.

Según el Ministerio, se trata de una petición que han hecho el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Educación, después de que el presidente de la Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, se haya reunido este jueves con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según Rosiñol, el jefe del Ejecutivo les ha dicho que esta petición está ya en el Ministerio de Educación y se está estudiando. No obstante, ha comentado que esta casilla es una "obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155", por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, "es la norma".

Desde las filas soberanistas, esta hipótesis ha reactivado los temores a que el bloqueo de la investidura en Cataluña deje en manos del Gobierno la matriculación del próximo curso escolar.

Ante este anuncio, el portavoz de USTEC, Ramon Font, el sindicato mayoritario entre los docentes de Cataluña, ha advertido de que no descartan nada para parar "el ataque" a la inmersión lingüística en Cataluña, "la política más exitosa en educación".

Font ha señalado que "han traspasado una línea roja" y ha emplazado al gobierno del PP a "estudiar qué pasó en las islas Baleares", en referencia a la huelga indefinida de docentes que provocó la "marcha atrás" de las medidas que impulsaba el gobierno, aunque "contaban con el respaldo del gobierno autonómico".

También la Plataforma per la Llengua ha rechazado la pretensión del Gobierno, porque cree que ello "dividirá las aulas escolares según la lengua".

La Plataforma per la Llengua, una oenegé dedicada a defender el catalán, ha alertado de que "el Gobierno puede estar buscando la división en las aulas de las escuelas de Cataluña según la lengua vehicular que los padres elijan para sus hijos".

Òmnium Cultural ha acusado al Gobierno de "querer dividir a la sociedad con un ataque directo a la escuela catalana" y ha asegurado que defenderán "sin descanso el modelo de inmersión lingüística garante de la cohesión social y avalado por expertos internacionales".

En su opinión, el anuncio hecho público este jueves "es un atentado directo contra el modelo de inmersión lingüística reconocido internacionalmente, garantía de la cohesión social y de la igualdad del alumnado".

La plataforma Somescola, que agrupa a entidades cívicas, culturales y educativas de Cataluña, desde sindicatos, docentes, alumnos, asociaciones de padres y madres de escuelas, fundaciones y colegios profesionales, ha rechazado "el intento de segregación de los niños por motivos lingüísticos".

La plataforma "rechaza todo ataque que ponga en peligro la inmersión lingüística en Cataluña. El modelo educativo catalán es exitoso y querido, garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades para el alumnado", ha manifestado Somescola.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido: "No dejaremos que nadie nos toque nuestro modelo educativo y nuestra apuesta por el catalán como lengua vehicular".

Durante la entrega de los Premios Ciutat de Barcelona, Colau ha dicho: "Hablando de educación, reafirmamos una vez más, más allá de los posicionamientos partidistas, la convicción de la educación catalana como herramienta de cohesión social a través de la lengua y el fortalecimiento colectivo".

Las fuerzas soberanistas han coincidido este jueves en destacar la urgencia de formar Govern, ante su temor a que el Gobierno aproveche la aplicación del artículo 155 de la Constitución para modificar el modelo lingüístico en la escuela catalana ofreciendo el castellano como lengua vehicular.

La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà ha urgido a formar un Govern "real" y "efectivo" para quitarse así de encima "la losa del 155" y recuperar el control de las instituciones catalanas.

Fuentes de Junts per Catalunya (JxCat) han señalado que confían en poder alcanzar un acuerdo con ERC que permita formar gobierno en Cataluña en las próximas semanas, antes de que la medida que estudia el Ejecutivo central pueda aplicarse.

Según fuentes soberanistas el acuerdo de legislatura se podría desbloquear en un par o tres de semanas, tras las declaraciones de las personas citadas a declarar como investigados ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha relacionado los posibles cambios en materia educativa con la ausencia de un Govern constituido.

"Hay una cuestión general, que es la incapacidad de los partidos que supuestamente tienen una mayoría absoluta en el Parlament para plantear una candidatura a la presidencia de la Generalitat", ha dicho Millo durante un acto del PPC en Girona.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que forzarán la celebración de "un pleno de desbloqueo" para que los grupos soberanistas y el resto se manifiesten con "transparencia" sobre la viabilidad de la investidura de Puigdemont.

Por otra parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, una entrevista con La Vanguardia, ha apostado por formar un "Govern estable dentro de la legalidad", que busque una solución para Cataluña dentro de los "márgenes" del Estatut y la Constitución.

De hecho, la plana mayor del PDeCAT celebró el pasado lunes una reunión en la que, según las fuentes consultadas, de forma muy mayoritaria los presentes coincidieron en reivindicar el rol del partido en la toma de decisiones, para formar Govern de manera "urgente" y actuar dentro de los márgenes de la "legalidad".