Fran Ferri
Fran Ferri I.CABALLER/CORTS VALENCIANES

En un comunicado, Ferri ha asegurado que estas denuncias "evidencian su estrategia de tratar de desviar la atención de todos los casos de corrupción del propio Partido Popular que están siendo juzgados".

"Ante todos los escándalos del PP, que siguen abriendo informativos diariamente, al partido de (Isabel) Bonig, (Mariano) Rajoy y (Francisco) Camps no se le ha ocurrido otra cosa que llevar ante la Fiscalía denuncias absurdas y chapuceras", ha aseverado.

Denuncias que, para el síndic de la coalición, "como la anterior, no tienen ningún fundamento jurídico, ni rigor: Desde el PP saben perfectamente que son acusaciones falsas, pero las hacen porque ante el estrepitoso fracaso del PP valenciano en su intento de regenerarse, los dirigentes actuales actúan a la desesperada".

Ha asegurado que, por contra, "la ciudadanía está comprobando que el gobierno del Botànic ha llevado la decencia y la legalidad en la administración valenciana, consiguiendo superar la etapa corrupta de 20 años del PP, y eso parece que a la derecha valenciana le está molestando mucho".

DENUNCIAS DEL PP

El PPCV, mediante una denuncia formulada por la diputada Eva Ortiz de finales de diciembre del pasado año, comunicó a Fiscalía hechos que consideraba que podían ser constitutivos de prevaricación y pedía al ministerio público la declaración de los funcionarios que hubieran tenido participación directa en estos contratos y de cuatro altos cargos a quien atribuye la responsabilidad directa: el director general de Cooperación, Federico Buyolo; el de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y los consellers Manuel Alcaraz y Vicent Marzà.

Según el PPCV, en ambos departamentos se realizaron conductas de fraccionamiento sistemático del objeto de los contratos administrativos "a los efectos de evitar la aplicación de procedimientos abiertos a la libre concurrencia, así como la auditoría de los órganos de la Intervención, otorgando contratos arbitrariamente, prescindiendo manifiesta y abusivamente de las exigencias legales, llegando a ordenar los pagos contra el expreso criterio de la Intervención".

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