En una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, se ha referido así a la muerte de Mohamed Bouderbala, cuyo cuerpo fue hallado en la celda donde resultó confinado tras promover un motín en Archidona y donde se quitó la vida de acuerdo a las conclusiones de la investigación policial y judicial.

"No tenemos la menor duda de que se trató de un suicidio y recibimos las explicaciones pertinentes del Ministerio del Interior (...) Supimos que este señor participó en un altercado que determinó que la autoridad del CIE lo mantuviera aislado durante 16 horas. No fue reconocido por el personal sanitario del centro, ni en su celda se efectuó una vigilancia periódica, cosa que a nosotros nos parece totalmente incomprensible", ha señalado.

Tras expresar sus condolencias a la familia y lamentar lo sucedido, ha afirmado que desconoce "si se hubiera podido evitar si las cosas hubieran ido de otra manera", pero ha señalado que la Institución mantiene abierta una investigación con la Dirección General de la Policía en espera de más aclaraciones sobre el suceso.

En concreto, ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras los resultados de la investigación administrativa relativa al fallecimiento del interno, independientemente de la penal iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona.

Para Marugán, en general "las cosas no se hicieron de una manera muy correcta" con Archidona ya desde el principio, pues si bien Interior ha asegurado que dictó una resolución el 19 de noviembre para habilitar la cárcel como CIE provisional, "esa resolución no se publicó nunca en el BOE", cosa que a su juicio, "tenía que haberse hecho". "Es un tema que no es menor y ante la Cámara queremos dejar constancia", ha añadido.

"UN ELENCO DE DERECHOS INFERIOR A UN CIE"

Tras recordar que las instalaciones a la llegada de los primeros inmigrantes trasladados estaban "mal" y fueron mejorando con las semanas, ha incidido en que "donde ya la cosa se pone más difícil de calificar positivamente es en el régimen de derechos y obligaciones" pues "no tenía por qué tener un elenco de derechos inferior a un CIE ordinario" y sin embargo, "las cosas, de alguna manera se enfocaron peor".

En esta línea, ha criticado que el centro estuviera controlado por Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional, "que no es otra cosa que una unidad de intervención ante desórdenes públicos" y que "no está preparada parta el trato y para atender a personas privadas de libertad a lo largo de 60 días". "Se encargó a un conjunto de profesionales que no eran los más cualificados", ha sentenciado.

Detectó otros problemas, como que "no se quiso ser relativamente generoso" a la hora de habilitar espacios adecuados al régimen de visitas de un CIE y no de una cárcel, que "se tardó bastante tiempo" en proporcionar información sobre derechos y obligaciones a los internos, que hubo todo el tiempo "una sola línea telefónica" y "casi nunca" se mantuvo una relación "normalizada" con las ONG, como tampoco con el Colegio de Abogados de la zona.

"Los internos autogestionaban la ocupación y la distribución de las celdas. Yo no se si se habrán fijado en una celda con unos colchones tirados allí en el suelo. Se autogestionaban. Hombre, eso tiene que ver con algunos sucesos desagradables que ocurrieron posteriormente", ha comentado en relación al motín y a la muerte posterior de Bouderbala.

El Defensor ha ofrecido además cifras del destino que tuvieron los internos de Archidona. Fueron 577 personas internadas de las que 486 se expulsaron a Argelia y "más de un 15 por ciento quedó en libertad por razones humanitarias o por haber sido identificadas como solicitantes de protección internacional o menores de edad".

"NO COINCIDE CON LA VERSIÓN DEL GOBIERNO"

En el turno de portavoces, la del PSOE en esta comisión, Dolores Galovart, se ha mostrado crítica con la situación de los inmigrantes a su llegada al país, con CIE "saturados y en deficientes condiciones", y sin que se informe a los propios implicados que, "en la mayoría de los casos" no tienen derecho a la asistencia jurídica porque "depende de cuándo llegue o si su abogado tiene la formación adecuada", entre otras posibilidades.

Los de Pedro Sánchez han pedido al Gobierno "un plan de actuación estatal" para evitar el "constante aumento del flujo migratorio" que, a su juicio está "a punto de consolidarse" y de "convertirse en una emergencia".

Desde el PP, su portavoz Asunción Sánchez, no ha querido tratar el suceso de Archidona, pero ha defendido la necesidad de solucionar el problema de la inmigración a través del "consenso político". Para la 'popular' es "fundamental" la "formación y sensibilidad en origen" y "superar el concepto de frontera norte y sur", unos aspectos e los que, según ha apuntado, está trabajando el Ejecutivo, entre otros.

Para la senadora de Unidos Podemos, Maribel Mora, ante una "situación excepcional" como la que según Interior motivaba la habilitación de Archidona, "más que criterios de eficacia lo que hay que tener en cuenta es que hay que cumplir con la legislación española internacional y con los derechos humanos", cosa que a su juicio, "no se hizo". Afirma además, que "no existió" la resolución habilitante de la prisión como CIE, por lo que todo "fue ilegal".

El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, ha puesto el acento en que lo dicho sobre Archidona por el Defensor no cuadra con la versión del Ejecutivo. "Todo lo que dice usted que ocurrió, el Gobierno nos lo ha negado y entre lo que se dice que ocurrió y no ocurrió o cómo se actuó o se dejó de actuar, en todo está la visión que usted nos da y la que se nos dio", ha lamentado.

Por su parte, el senador de ERC, Josep Rufà, ha puesto el acento también en este asunto y ha recordado que su formación ha remitido una batería de preguntas al Ministerio del Interior; mientras el senador de Amaiur Jon Iñarritu, tras expresar su opinión favorable al cierre de los CIE, ha reclamado que a más llegadas de migrantes haya más recursos en salvamento en el mar, no sólo y como pide Frontex, más medios para custodiar las fronteras.

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