El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su Gobierno está dispuesto a seguir negociando para desbloquear el conflicto de la justicia, aunque ha rechazado que se incorporen intermediarios al diálogo, al tiempo que ha cuestionado la actitud sindical por rechazar una subida media "de 1.000 euros al año" cuando hay gallegos que no cobran esta cifra al mes.

"Si el objetivo es que no haya acuerdo, seguirá el desacuerdo", ha manifestado Feijóo, quien, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ha sugerido que los sindicatos "no representan adecuadamente el sentir de la mayoría" de los trabajadores públicos.

No en vano, ha esgrimido que "la inmensa mayoría" de los trabajadores públicos, con independencia de la administración en la que trabajen -ya sean autonómicos o desempeñen su labor en ayuntamientos o diputaciones- "firmarían una subida de 1.000 euros al año" y que les sitúa "por encima de la media de las comunidades".

Feijóo ha esgrimido que la última oferta económica que la Xunta dejó sobre la mesa -que supone un incremento de entre 816 y 1.080 euros al año, en función de los distintos cuerpos de funcionarios judiciales- supone "un coste" para los gallegos "de más de 1.000 euros por trabajador" (al incremento habría que sumar los gastos de Seguridad Social, por ejemplo).

"Y no creo que los trabajadores, quienes están en el paro o tienen sueldos similares al salario mínimo interprofesional consideren que 1.000 euros al año es una propuesta ridícula", ha advertido, antes de subrayar que hay quien no cobra esta cifra al mes y de manifestar que "no se puede caer" en este tipo de afirmaciones (los sindicatos calificaron de "ridícula" la propuesta autonómica) porque es "un desprecio" que "no merece la mayoría de los trabajadores".

"NEGOCIAR CON RACIONALIDAD Y SENTIDO COMÚN"

"Hay que negociar con racionalidad y sentido común, y no caer en el desprecio de calificar de ridícula una propuesta que tiene un coste de más de 1.000 euros por trabajador", ha subrayado, antes de sugerir que, con su actitud, los sindicatos de la justicia "no representan adecuadamente el sentir de la mayoría" de los empleados públicos.

Así, ha ratificado que la Xunta, que mantiene que no variará "el tope salarial" de la subida que planteó el lunes, "seguirá negociando", pero ha insistido en que las cifras evidencian que la propuesta autonómica dejaría en una buena situación a los funcionarios de la justicia gallegos en el marco de la tabla salarial estatal.

"Yo pedí datos hace una semana", ha recordado, antes de enseñar un documento que refleja que, con la oferta autonómica, Galicia quedaría como la "novena comunidad" con un cuerpo de gestores de la justicia mejor pagados; en octavo puesto en el caso de los tramitadores, y como sexta con mejores retribuciones en lo que respecta a los auxilios.

"Por encima de la media", ha insistido, antes de insistir en que, si fuera de la tabla quedan País Vasco y Navarra, autonomías con distintas vías de financiación a la general, los funcionarios judiciales gallegos estarían en torno al quinto puesto en retribuciones si aceptan la propuesta de la Xunta.

"Ahora bien, si el objetivo es que no haya acuerdo, pues entonces seguirá el desacuerdo. Pero plantear como ridícula una oferta de 1.000 euros más al año por trabajador es algo que creo que no fue muy acertado por parte de algún representante sindical", ha zanjado.

NEGOCIACIÓN "DIRECTA"

Por otra parte, preguntado acerca de si la Xunta valora la opción del laudo arbitral para desbloquear el conflicto, Feijóo ha replicado que el Ejecutivo autonómico "valora todo", pero ha defendido, a renglón seguido, que la intermediación está "restringida al ámbito del sector privado".

El comité de huelga defiende, en cambio, que el Consello Galego de Relacións Laborais vuelva a actuar como mediador y asegura que, en los encuentros en los que participó su titular, es en los que se produjeron "los mayores avances".

Feijóo, sin embargo, ha reivindicado este jueves que en el sector público no se negocia con intermediarios. "Las administraciones negocian directamente con los sindicatos, y no creo que sea justo decir que procede un intermediario de Relacións Laborais", ha aseverado.

La negociación, ha insistido, en el ámbito público, se realiza "de forma directa, honesta y leal", entre la Administración y las centrales sindicales.

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