Fernando Rodríguez Villalobos
Fernando Rodríguez Villalobos EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE SEVILLA

De esta forma, la Diputación sevillana repetirá el procedimiento que ya practicó el pasado año cuando, nada más saber que había superávit, puso a su área de Cohesión Territorial a planificar las inversiones del actual Supera en su quinta edición, "aun cuando no se tenía certeza de que el Gobierno central fuese a permitir la aplicación de esas partidas en inversiones financieramente sostenibles", según detalla la Diputación en un comunicado.

Así, explica que eso permitió "ganar tiempo" a la entidad provincial sevillana, ya que una vez que el Gobierno dio luz verde a las inversiones del superávit 2016, la Diputación puso de inmediato en marcha las licitaciones y adjudicaciones de obra, para cumplir con los plazos establecidos en este asunto.

"Este año, frente a la inoperancia y desidia que está volviendo a mostrar el Gobierno con los asuntos locales, nosotros vamos a poner otra vez toda la carne en el asador para que, si contamos con superávit y nos autorizan a invertirlo, todo esté preparado para volcar esos recursos en los Ayuntamientos de la provincia", ha asegurado Villalobos.

Aun así, el presidente de la entidad intermunicipal sevillana se ha vuelto a mostrar "muy preocupado ante el silencio y la falta de respuesta que las entidades locales están encontrando en el Ministerio en todas las cuestiones que nos aquejan, como el techo de gasto, la financiación local o la propia inversión del superávit".

En esa línea, Villalobos ha vuelto a mostrar su apoyo a las reivindicaciones que esta semana hacía el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en las que Abel Caballero señalaba que el municipalismo atraviesa "un momento especialmente difícil casi dramático, dado que, además de tener pendiente la negociación de un modelo de financiación local, que debería ir en paralelo con el modelo de financiación autonómico, se está afrontando una cuestión más urgente, que es que hay superávit de ayuntamientos y diputaciones, cuyo montante supera sobradamente los 30.000 millones si a los valores alcanzados desde 2012 se suman los resultados de la liquidación de 2017".

En esa línea, el presidente de la FEMP argumentaba que se quiere invertir estos recursos en favor de los ciudadanos de cada territorio, pero "las leyes en vigor no nos lo permiten', ya que "la falta de una Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que habilitaría para hacerlo, hace necesario que se elabore una ley específica que permita destinar esa inversión a políticas sociales, de empleo, o a políticas activas, para obra pública que genere empleo".

En ese contexto, Villalobos ha mostrado su "total apoyo al presidente de la FEMP" y ha expresado su voluntad de mantenerse "muy en línea con aquello que plantee la federación española para defender los intereses de los ayuntamientos y diputaciones en los próximos días".

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