La institución, ha confirmado a Europa Press, ha pedido que se adopten "las medidas cautelares que sean pertinentes para garantizar los intereses de las empleadas públicas afectadas".

"En el caso de que estas medidas determinaran la imposibilidad por parte del funcionario investigado de desempeñar el puesto de trabajo que ocupa, el Consell podrá acordar la suspensión provisional de este empleado", han indicado desde la máxima institución insular.

Según han recordado, los hechos se remontan a marzo de 2016, cuando las trabajadoras denunciaron que este informático aprovechaba la instalación de los ordenadores para tomar fotos íntimas. Entonces, la Guardia Civil abrió una investigación.