En declaraciones a Europa Press, la edil que durante el pasado verano ostentaba la cartera de Educación Cultura y Fiestas Mayores ha señalado la "sensatez" del juez al apreciar la "escasa entidad" de la afección y la "reposición al estado anterior"; cuestiones que, según ha destacado, se defendieron desde el principio por el equipo de gobierno.

Así, ha considerado que la actuación de la Junta tras llevar los hechos a la Fiscalía fue "muy desproporcionada", puesto que "horas antes" se le comunicó "por teléfono" la reparación "inmediata" en la fachada de la sede del Gobierno andaluz por parte del Ayuntamiento a fin de "restituir la legalidad".

"A la Junta le importaba muy poco el patrimonio y la denuncia fue más una actuación política para ensombrecer una iniciativa que fue aplaudida por los almerienses", ha dicho la concejal, quien cree que, en caso contrario, la Delegación de Cultura habría investigado sobre las perforaciones efectuadas en la fachada del Teatro Cervantes ajenas a la actuación del entoldado.

Con esto, ha apuntado que el Ayuntamiento estará "pendiente" de ver "que decisiones se adoptan" desde el Gobierno de la Junta con respecto al expediente sancionador que se abrió al Ayuntamiento, para lo que tendrán que "analizar las alegaciones que hicimos" en las que, además, se solicitaban pruebas sobre otras actuaciones que hubieran implicado daños de corte similar en el patrimonio.

Martínez Labella ha confirmado que la empresa encargada de la instalación no recurrió la penalidad 4.386,25 euros impuesta por el Ayuntamiento así como tampoco la multa de 30.742,78 euros por ejecución defectuosa; una cuantía 35.129 euros -el 40 por ciento del presupuesto de adjudicación- por no haber presentado el listado de comunidades que otorgaban su consentimiento para la instalación de los tensores.

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