Unas limitaciones que provocan que "familias en situación de vulnerabilidad de Cantabria se queden sin la ayuda", según ha denunciado en rueda de prensa el diputado de Podemos, José Ramón Blanco.

En este sentido ha advertido que a las 1.800 familias que "se quedaron sin las ayudas" en 2017 podrían sumarse "otras tantas" si el nuevo decreto no se modifica, lo que además no supondría "variar mucho" la ayuda contemplada, que finalmente el año pasado ascendió a 5,6 millones de euros.

Así ha asegurado que la dotación para este concepto sería "prácticamente parecida". "Con 2.800 millones de presupuesto de Cantabria en 2018 hablar de cinco o 5,5 millones es relativamente poco", ha argumentado, insistiendo en que "hace falta muy poco para rescatar a la gente, solo un poco de voluntad".

El decreto de ayuda al alquiler publicado el 6 de febrero por el Gobierno establece que solo pueden acceder a la misma quienes formen parte de una unidad de convivencia que nunca hayan solicitado la ayuda con anterioridad, si bien está "parcheado" en una disposición adicional que añade que los que fueron solicitantes en 2016 y 2017 sí se podrán acoger a la norma.

Según Blanco, el decreto "desvirtúa" la ayuda al alquiler porque, en su opinión, "está más pensado en beneficiar a la Consejería que a las familias que van a necesitar la ayuda para poder sobrevivir".De hecho, ha apuntado que si el decreto no se modifica la Consejería podría "ahorrar dinero" respecto a años anteriores.

El diputado se ha remitido a los últimos datos de diciembre de 2017 según los cuales en Cantabria había 13.605 parados de larga duración (más de dos años), la mitad de los cuales tiene más de 45 años. "Todas estas familias habitualmente viven en alquileres, lo que significa que el decreto deja a este grupo de población prácticamente sin ayuda", ha denunciado.

Por eso, Podemos pedirá en el Pleno la "eliminación de todo matiz temporal que impida que las familias vulnerables de Cantabria se queden sin esta ayuda".

Como ejemplo de quienes no podrían recibir la subvención "independientemente de qué situación económica tengan ahora", Blanco ha puesto a las familias desahuciadas antes de 2013 -cuando los desahucios "más duros en Cantabria" fueron entre 2010 y 2012- o las que entregaron su vivienda en dación en pago y recibieron estas subvenciones entre 2013 y 2015.

"Este decreto es una chapuza, está sin consensuar con los colectivos", ha lamentado el podemita, que ha insistido en que esta norma está pensada "para los presupuestos y no para las familias de Cantabria".

Al respecto, ha apuntado que el debate parlamentario no sería necesario si el consejero de Vivienda, José María Mazón, "rectifica su chapuza de aquí a diez días"; algo que "puede hace perfectamente en 48 horas", ha sostenido.

"No puede haber más de 2.000 ó 3.000 familias en Cantabria que se queden sin una ayuda que van a necesitar para sobrevivir en esta tierra", ha enfatizado Blanco, para quien "algo se está haciendo mal" por parte del Gobierno cuando las familias necesitan este tipo de subvenciones.