Según un comunicado, esas conductas están supuestamente relacionadas con convertir a este grupo profesional en el único que realizara ciertas certificaciones, concretamente las de la documentación técnica necesaria para las solicitudes de regularización de viviendas y edificaciones en suelo no urbanizable, conocidas comúnmente como AFOS.

El Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la competencia comenzó a investigar estos hechos a raíz de una denuncia sobre esta supuesta práctica. Tras recabar información y constatando que para lo que el Colegio de Arquitectos había realizado tanto comunicaciones privadas como públicas era para lograr una reserva de mercado, se ha considerado que "existen indicios racionales de conductas anticompetitivas, con una posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia".

Aunque esta práctica "tendría como fin tratar de obtener una reserva de actividad injustificada, en detrimento de otros técnicos competentes en este mismo ámbito de la certificación técnica". En este sentido, ADCA recuerda que la ley prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

El Departamento de Investigación cuenta con un plazo de dieciocho meses para tramitar esta investigación, y en la actual fase de instrucción se podrán llevar a cabo cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades.

El procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción. Por último, se incide en que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

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