En concreto, la documentación que debe ser entregada al ciudadano incluye, por un lado, la ficha urbanística de la parcela donde se ubica el actual mercado, en la calle San Rafael, esquina con calle Jardinillos, y, por otro, el pliego de cláusulas administrativas para la concesión de un total de 25 puestos de la citada plaza de abastos.

Según informa el consejo en un comunicado, la "falta de respuesta" a una solicitud de información pública, tal y como recoge la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, supone "incumplir la norma, circunstancia que ha tenido lugar en el caso del Ayuntamiento alcalareño".

"En relación a ello, la ley añade además que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible, disponiendo las entidades locales, como es el caso de los ayuntamientos, de un plazo máximo de un mes para responder", agrega.

Por otra parte, explica que el Ayuntamiento tampoco respondió al requerimiento formulado por el consejo, en el que le demandaba el informe y el expediente objeto de la reclamación ciudadana. En este punto, hay que recordar que la legislación andaluza en materia de transparencia señala en su régimen sancionador que la falta de colaboración en la tramitación de una reclamación puede constituir una infracción grave.

La norma andaluza de transparencia recoge el derecho que tienen todas las personas a acceder a información pública, señalando en determinados casos unas limitaciones. Si bien la norma general es el acceso, el cual puede ser limitado siempre que se apliquen de forma motivada algunos supuestos legales que permitan esa restricción, extremo que en ningún momento ha sido alegado por el Consistorio sevillano, de modo que debe entregar al ciudadano la información solicitada.

AUTORIDAD INDEPENDIENTE

El Consejo de Transparencia es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

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