Carlos Delgado
Carlos Delgado EUROPA PRESS

La investigación versa sobre las presuntas irregularidades en la compra en 2012 del solar del Rocamar, que se encontraba en ruinas, y por el que se pagó un presunto sobrecoste de 600.000 euros públicos.

Esta semana, han tenido lugar las declaraciones de los miembros de la junta rectora que aprobó la compra del solar y el 21 de febrero, está citado el ex secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza.

Así, este martes Segismundo Morey, miembro de la junta rectora, ha declarado que no se detectaron irregularidades y que el precio de compra no les alertó de que podía haber un fraude.

Según ha explicado tras declarar ante el instructor, la compra estaba avalada por informes técnicos y era la tasación más barata por lo que el precio no les llevó a sospechar.

En la jornada de declaraciones de este martes también han declarado como investigados: Josep Aloy, Joana Aina Perelló, Neus Lliteras, y el sindicalista, Ginés Díez (CCOO).

Por su lado, Díez ha considerado que se jugó con la buena fe de los sindicatos en la compra del solar. Así lo han informado fuentes judiciales que han explicado que en la reunión en la que se aprobó la compra no se habló de precios y que tanto la posición de Díez como la del representante de UGT, Antonio Copete, fue la de comprar al menor precio posible.

En la declaración que tuvo lugar este lunes, Copete, que declaró como testigo, aseguró que detectaron que las cosas "no iban bien" cuando se hizo la compra y tuvieron que pedir las tres tasaciones por escrito, las cuales les fueron facilitadas posteriormente a la compra.

"HABÍA TASACIONES MENORES"

Ante los medios de comunicación, Copete explicó que tanto él como Ginés Díez, "siempre" se mostraron "opuestos" a "dar más" porque se "podía haber pagado menos" ya que, tal como ha recalcado, "había tasaciones menores" por lo que "no estaban de acuerdo".

"Detectamos que las cosas no iban bien cuando se hizo la compra y tuvimos que pedir las tres tasaciones que había por escrito y se nos dieron posteriormente a la compra", señaló.

Además, indicó que desde la Conselleria se pretendía que avalasen informes técnicos que no podían "avalar nunca" ya que no son técnicos y que estos informes también se les dieron "posteriormente".

Por otro lado, dos testigos plantearon, según fuentes judiciales, versiones contradictorias y afirmaon que por su parte no se cuestionó la operación y que les pareció normal el procedimiento llevado a cabo en esta compra que ascendió a unos 871.000 euros.