Este procedimiento judicial se inició tras la denuncia presentada por la Fiscalía del Principado de Asturias en el Juzgado de Instrucción de guardia, que tramitó unas diligencias de investigación sobre los hechos después de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte alertara sobre los mismos en el mes de marzo de 2015, por si pudieran ser constitutivos de delito.

Segús sostiene el Ministerio Fiscal sostiene que, el 13 de noviembre de 2013, la acusada, en ese momento Jefa de Servicio de Formación del Profesorado y Apoyo a la Innovación Educativa del Principado, solicitó oferta de contrato menor para la creación de una "Nueva Aplicación de Registro de Formación del Profesorado", con un presupuesto máximo de licitación de 17.999,99 euros (IVA. no incluido), dando de plazo para la presentación de proposiciones hasta el 20 de noviembre a las 14:00 horas.

El plazo para la conclusión del trabajo se fijó en el 20 de diciembre de 2013. El 27 de noviembre de 2013 se dictó resolución aprobando el gasto por importe de 21.749,75 euros y se dispuso que el plazo de ejecución del contrato finalizaría el 27 de diciembre de 2013, estableciéndose que el precio se satisfaría en un único pago a la finalización del trabajo.

La propuesta de resolución fue firmada por la acusada el 22 de noviembre y resultó adjudicataria la empresa Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea, SL.

El 13 de noviembre de 2013, es decir, en la misma fecha que el contrato denominado "Nueva aplicación de Registro de Formación del Profesorado", la mujer solicitó oferta de contrato menor, denominado "Servicio Electrónico para la Descarga de Certificados de formación", que tenía por objeto la creación de un servicio electrónico que permitiera a los usuarios descargar un certificado válido y legal de su formación inscrita en el Registro de Formación. Se estableció el presupuesto máximo de licitación en 12.000 euros (IVA no incluido), dando de plazo para la presentación de proposiciones hasta el 20 de noviembre de 2013 a las 14.00 horas. El plazo para la conclusión del trabajo se fijó en el 27 de diciembre.

En fecha 16 de diciembre se dictó resolución aprobando el gasto por importe de 14.459 euros y se dispuso que el plazo de ejecución del contrato finalizaría el 27 de diciembre de 2013, estableciéndose que el precio se satisfaría en un único pago a la finalización del trabajo encomendado. La propuesta de resolución fue firmada por la imputada el 16 de diciembre de 2013. Resultó adjudicataria la misma empresa que en el caso anterior, Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea.

Los dos contratos se tramitaron de forma separada y como contratos menores, pese a que existía una interrelación funcional entre ambas aplicaciones, siendo las solicitudes de las dos ofertas de la misma fecha y

fijándose el mismo plazo para la presentación de ofertas y el mismo plazo para la finalización de los trabajos.

No obstante, fueron dirigidos al Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica para emitir su conformidad con la tramitación en fechas distintas, facilitándose de este modo que este servicio no pudiese detectar la existencia de un posible fraccionamiento contractual, teniendo en cuenta que, en el caso del contrato de la aplicación denominada "Nueva Aplicación de Registro de Formación del Profesorado", el presupuesto máximo de licitación venía establecido en 17.999.99 euros, umbral límite para ser considerado como contrato menor de servicios.

Por tanto Fiscalía considera que se vulneró así lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y se infringieron los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.

Fue el 27 de diciembre de 2013, cuando la acusada conformó una factura por importe de 21.749,75 euros y otra por importe de 14.459,50 euros, presentadas por Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea, SL para el cobro de los servicios contratados, pese a que en esa fecha ninguno de los contratos estaba ejecutado.

El 9 de diciembre de 2014 ambas aplicaciones aún estaban en fase de pruebas en el denominado entorno "desarrollo", primero de los procesos de ejecución de este tipo de contratos, sin que por tanto se hubiese superado la siguiente fase denominada de "integración", ni se hubiera alcanzado la fase final de "producción" y puesta en servicio, lo cual determinó que la Jefa de Servicios de Gestión Económica propusiera practicar liquidación de ingresos de derecho público de carácter no tributario para resarcir a la Hacienda Pública del Principado de Asturias de gastos de naturaleza presupuestaria soportados y pagados sin que se haya recibido la prestación que daría lugar al derecho al cobro en ejecución de contratos de servicios en el plazo estipulado en los mismos y ordenar a la empresa adjudicataria el reintegro de cantidades satisfechas por importe de 36209,25 euros.

Por resolución de 5 de marzo de 2015 de la Secretaria General Técnica se resolvió practicar la liquidación de ingresos.

Al establecerse como plazo de ejecución de ambos servicios, y por tanto de entrega de las aplicaciones, el 27 de diciembre de 2013, no se tuvieron en cuenta los estándares de duración que, en cuanto a su ejecución, siguen este tipo de proyectos y aplicaciones.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y solicita que se condene a la acusada a 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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