Asimismo, también solicita que sea un criterio decisivo en caso de empate y que se impongan sanciones en casos de incumplimiento, según ha explicado la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, al tiempo que ha añadido que la provincia registra 57 accidentes laborales al día.

En este punto, ha destacado que según los últimos datos del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, 16 personas perdieron la vida en la provincia de Málaga entre enero y octubre de 2017, al tiempo que ha cifrado el total anual en 15.600 siniestros, una media de 57 accidentes diarios.

"Son datos en consonancia con el repunte de la siniestralidad laboral en todo el país, que solo en 2016 registró 566.235 accidentes de trabajo con baja", ha señalado Torralbo, al tiempo que ha incidido en que, desde que en 2012 se aprobara la actual reforma laboral, un sector como el de la construcción ha aumentado su tasa interanual de siniestros -relación del número de accidentes con la población que potencialmente puede padecerlos- en un 6,2 por ciento, seguido del de la industria -cuatro por ciento- y los servicios -3,3 por ciento-.

Ante esta situación, Málaga Ahora, según ha explicado su Torralbo, presentará una moción la próxima semana en la Comisión de Economía, incidiendo en que "la contratación pública de obras, bienes y servicios supone alrededor del 15 por ciento del PIB español, un impacto que, en términos de siniestralidad, podría resultar muy positivo si las Administraciones promovieran un modelo productivo que pusiera como uno de los ejes centrales las condiciones laborales de las plantillas en la contratación pública".

Torralbo ha lamentado que "en cambio, el Ayuntamiento se Málaga se haya convertido en un favorecedor de la precariedad laboral, pues en sus adjudicaciones se ciñe únicamente a requisitos de abaratamiento de costes y deja de lado aspectos fundamentales".

Ha recordado que su grupo ya logró que el Pleno municipal aprobara en varias ocasiones mociones para que se establezca otro tipo de criterios en las contrataciones públicas, desde medidas de seguridad laboral a requisitos medioambientales y de género, algo que el equipo de gobierno, sin embargo, ha incumplido sistemáticamente.

Así, Torralbo ha valorado que el próximo mes entre en vigor la nueva ley de Contratos del Sector Público, que precisamente incorpora la normativa europea sobre cláusulas sociales, ambientales y de género.

Para Torralbo, "la contratación pública debe ser un instrumento de transformación socioeconómica, lo que resulta totalmente compatible con la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica".

Por último, ha insistido en que "el aumento de la siniestralidad laboral no es casual, sino que va de la mano del de la precariedad laboral en el mercado del trabajo, provocada por las últimas reformas laborales, que han aumentado la sobrecarga de trabajo, el estrés, la duración de las jornadas, al tiempo que han reducido los salarios".