Fernández Carriedo ha comparecido en calidad de exconsejero de Medio Ambiente y de exportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, a pesar de que inicialmente había sido citado sólo por lo segundo, como ha hecho constar ante las preguntas de los portavoces de los distintos grupos provinciales.

En cualquier caso, el político 'popular' ha negado acuerdo alguno con el Grupo Popular en la Diputación para aprobar esta DIA y ha recordado que las declaraciones de impacto ambiental son procedimientos administrativos regulados "muy garantistas" y "participativos", ya que ofrecen la opción de presentar alegaciones durante su tramitación e incluso de recurrirlas posteriormente.

No obstante, ha aclarado que estos documentos "no los elabora el consejero", ni es su labor "supervisar todos los trámites" por los que pasa en las distintas secciones de cada una de las nueve delegaciones territoriales de la Comunidad.

En el caso de Meseta Ski, el exconsejero de Medio Ambiente se ha mostrado "convencido" de que los informes que motivaron esta declaración se realizaron "conforme a los procedimientos y criterios más adecuados" y ha admitido su desconocimiento sobre por qué se dio el visto bueno a la misma a pesar de que en algunos informes -como ha recordado la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente- se hacía constar en ellos el incendio ocurrido en 1998 y que según la Ley de Montes imposibilitaba su realización.

LEY DE INTERÉS REGIONAL

En cuanto a su etapa como portavoz del Grupo Popular en las Cortes, ha recordado que la proposición de ley promovida por el PP para declarar este proyecto de interés regional y salvar así los fallos judiciales que impedían su construcción se produjo después de que el Pleno de la Diputación de Valladolid instara a las Cortes a ello.

Fernández Carriedo ha reconocido que "no siempre se atienden todas las peticiones" aprobadas por diputaciones y ayuntamientos -como ha planteado la portavoz socialista y presidenta de la comisión, Teresa López-, pero ha aclarado que en este caso se trataba de un requerimiento "a coste cero para la Administración regional", por lo que no encontró oposición por parte del Parlamento regional, más al tratarse de una iniciativa que llegaba "con un amplio consenso en la Institución provincial" y "un amplio apoyo social".

Asimismo, ha recordado que la anulación posterior por parte del Tribunal Constitucional se debió a un "problema competencial" y no a la forma de tramitarla, como proposición de ley y no como proyecto de ley, tal como solicitaba el Grupo Socialista, el cual discrepaba con la forma aunque apoyaba el fondo de la cuestión, según ha admitido la exportavoz del PSOE Ana Redondo, durante su comparecencia ante esta misma comisión.

Sobre esto, ha defendido la elección de la proposición de ley, que corresponde a los grupos, frente al proyecto de ley, que debe proceder de la Junta de Castilla y León, ya que el requerimiento del Pleno de la Diputación se dirigía a los grupos y no al Gobierno autonómico, como ha advertido, tras lo que ha puntualizado que una tramitación diferente de la ley "no hubiera condicionado el fallo del Constitucional" que la anuló posteriormente.

En cuanto a los posibles cambios que de haberse realizado podrían haber superado la imposibilidad legal para su puesta en marcha, Carlos Fernánez Carriedo se ha limitado a señalar que "el proyecto lo modifican los promotores" y las Cortes de Castilla y León "no lo eran", sino que sólo debían pronunciarse a favor o en contra de su declaración como bien de interés regional.