Entrada Norte de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Entrada Norte de la Ciudad de la Justicia de Córdoba EUROPA PRESS

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la mujer y su esposo, ya fallecido, fueron clientes durante muchos años de la sucursal en cuestión, ubicada en la capital, de manera que se estableció "una relación de confianza" con los profesionales que trabajaban en la misma.

Al fallecer el hombre en mayo de 2005, la mujer con la intención de "obtener alguna rentabilidad" a unos ahorros con los que contaba, por la cantidad de 33.000 euros, manifestó en la sucursal que quería hacer "una imposición a plazo fijo" por la citada cifra, "con vencimiento mensual y prórroga tácita por iguales periodos de un mes". Los intereses generados por esta libreta a plazo deberían ser abonados a la libreta de ahorro preexistente.

Una vez que los procesados conocieron la intención de la mujer, "traicionando su confianza, aprovechándose de la credibilidad profesional depositada en ellos y buscando, bien para cumplir los objetivos marcados por sus superiores, bien por el deseo de asegurar su puesto de trabajo, obtener promoción laboral o cualquier otro beneficio", supuestamente suscribieron las cédulas hipotecarias en vez de abrir la libreta a plazo.

Para ello, según el fiscal, "formalizaron por su cuenta la documentación correspondiente, con la particularidad de que bien ellos o bien terceras personas a su ruego y bajo su indicación, imitaron en los documentos la firma de la mujer", quien fue "ajena a toda esta operación".

Así, debido a que la libreta de ahorro donde debían abonarse los intereses de la libreta a plazo no fue objeto de atención por la mujer, "permaneció durante años ignorante de lo que había ocurrido".

Al respecto, en marzo de 2011 la mujer envió a su hijo a la citada sucursal para ver el modo de disponer del dinero, momento en el que se enteró que "no se había abierto ninguna libreta a plazo, sino que en junio de 2006 se suscribieron cédulas hipotecarias por valor de 33.000 euros y cuya fecha de vencimiento era junio de 2016". El Ministerio Público destaca que el dinero no ha sido recuperado.

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