En un comunicado, la empresa recuerda que solicitó a la Xunta en 2017 que devolviese las concesiones hidroeléctricas "a su régimen original", que "no impedía la segregación de esos activos de las fábricas de ferroaleaciones" y lo vinculaba a "asegurar la viabilidad de sus planes de crecimiento en Galicia". Así, menciona el desarrollo de una fábrica de silicio solar en Arteixo (A Coruña), "que ha quedado suspendido".

No obstante, Augas de Galicia rechazó en julio del año pasado segregar las centrales hidráulicas que Ferroatlántica explota en los ríos Xallas y Grande de las fábricas de ferroaleaciones que la empresa opera en Cee y Dumbría. Posteriormente, en diciembre pasado, se conoció la negativa de la Consellería de Medio Ambiente al recurso de alzada.

Una vez agotada la vía administrativa, la empresa ha decidido recurrir la decisión de la Xunta ante el alto tribunal gallego "para hacer valer sus derechos", según apunta en el comunicado.

ARGUMENTOS CONTRAPUESTOS

Al respecto, recuerda que dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho, concluyeron que la Administración gallega "carecía de base jurídica para negarse a la petición de la compañía", de manera que, al hacerlo, "incurrió en una arbitrariedad".

La compañía sostiene que la negativa a segregar la actividad hidroeléctrica de la de ferroaleaciones "no se atiene, por anacrónica, a la realidad industrial de la empresa, ya que la viabilidad futura de las fábricas no depende en nada del negocio hidroeléctrico de las centrales".

No obstante, la Xunta, que tenía la última palabra sobre la segregación planteada por Ferroatlántica en sus negocios hidroeléctricos y de aleaciones, entendió que el proceso planteado por la empresa no reunía las condiciones necesarias ni cumplía los requisitos legales para suprimir las condiciones vigentes en la concesión, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la comunidad.

Ferroglobe, la multinacional en la que está englobada la firma dueña de las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón, había presentado un plan con una inversión de 100 millones de euros para la creación de 22 empleos directos y 300 indirectos.