La acusada será juzgada los próximos martes y miércoles, 13 y 14 de febrero, a partir de las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en una vista en la que los 13 herederos de la anciana ejercerán la acusación particular, que solicita para ella seis años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, la mujer era tutora legal de su tía anciana debido a que tenía demencia y un juzgado la incapacitó legalmente en 2003 y, prevaliéndose de la facultades atribuidas, procedió a realizar diversas disposiciones no justificadas de la cuenta de la incapacitada.

El fiscal destaca que en abril de 2015 se traspasó 40.000 euros a una cuenta corriente de su titularidad para la adquisición de un piso y que puso a su nombre. Pero también en febrero de ese año realizó otras tres disposiciones por 8.500 euros en total y no justificando el destino del dinero.

La acusada tampoco a justificado otros reíntegros realizados por ventanilla entre febrero de 2011 y agosto de 2015 por un total de 70.300 euros, que sumado a lo anterior hace un total de 118.800 euros.

Además de ello, como residía con su tutelada, la mujer llevó a vivir al piso en 2009 a un sobrino que, al igual que ella, vivía con todos los gastos costeados por la incapacitada.

El Juzgado solicitó a la mujer que rindiese cuentas de todo ese dinero retirado de la cuenta y reconoció los 40.000 euros del piso, mientras que el resto no pudo justificarlo.

Tras investigarle la Fiscalía por el delito de apropiación indebida, el cargo de tutor legal de la anciana pasó a la Fundación Marqués de Valdecilla. La mujer falleció en noviembre de 2016 dejando 13 herederos, que ejercerán la acusación particular en el juicio.

El fiscal considera los hechos un delito continuado de apropiación indebida por el que solicita una pena de tres años y medio de prisión para la acusada, a la que también reclama la devolución de los 118.800 euros más intereses.

Los herederos elevan la cantidad de la que se apropió la procesada hasta los 156.017 euros y consideran los hechos de un delito continuado de apropiación indebida agravada por lo que piden una pena seis años y un día de prisión.

La acusada, que también es mayor y en 2016 cuando le quitaron la tutela de su tía contaba con 88 años, niega los hechos y asegura que cualquier decisión que tomaba se la comunicaba a los sobrinos y entorno familiar de la incapacitada.

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