En este sentido, ha planteado la aprobación en la Comisión de Fomento y Vivienda de una Proposición no de Ley (PNL), recogida por Europa Press, en la que se solicita, además, la implicación de asesoría técnica del Ministerio de Fomento y el requerimiento de financiación, en los mismos términos que se ha realizado con las obras del metro de otras ciudades españolas, al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

También, pide que esto se acompañe de un proyecto constructivo de la línea "que se pretende primero iniciar", concretamente la 3, así como un plan económico financiero en el que se establezca la inversión total prevista del proyecto, el origen previsto de los recursos y los fondos europeos garantizados, detallando "el compromiso presupuestario de la Junta de Andalucía por anualidades y la aportación del Ayuntamiento de Sevilla, con base en los contactos para un acuerdo o posible acuerdo de financiación con esta corporación local".

Desde el PP se señala que "la auténtica voluntad de apostar por esta infraestructura debe ir acompañada de documentos serios de implicación y así no provocar ninguna duda, para no producir más frustración en los ciudadanos sobre este asunto de la que ya tienen".

Recuerda que desde 2009, cuando se inauguró la Línea 1 del metro, no se han vuelto a retomar las inversiones relacionadas con la ampliación de esta infraestructura, "a pesar de la importancia de dicho medio de transporte tanto para Sevilla como para su área metropolitana". Así, subraya que actualmente es "a todas luces insuficiente" para cubrir las necesidades de la ciudad y de su entorno, ya que "solo soluciona la movilidad de zonas muy específicas".

"La mayoría de los grupos parlamentarios han manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de ampliación de la red del metro de Sevilla y así, de la forma más inmediata posible, reiniciar las obras correspondientes al resto de las líneas (2, 3 y 4), entendiendo además la mayoría de la Cámara la prioridad de la Línea 3", agrega.

Los populares inciden en que el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como competencia exclusiva de la Comunidad este tipo de medio de transporte, pero al tratarse de obras en infraestructuras públicas "de gran envergadura, con presupuestos millonarios, en otras ocasiones se ha alcanzado la colaboración de otras Administraciones, concretamente la participación del Gobierno de España y de las corporaciones locales beneficiadas".

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