Se trata de "un clamor generalizado de todas las empresas del sector, comerciantes y muchos ciudadanos particulares, que tienen que gestionar diariamente con el Ayuntamiento de Logroño variedad de asuntos, algo que está en la calle por mucho que a la alcaldesa no le guste escucharlos", aseguran en su comunicado.

Para la CPAR, la alcaldesa "haría bien en conocer el funcionamiento interno del Ayuntamiento y distinguir entre las licencias menores (para el arreglo de los cuartos de baño, etc.) de las licencias de obras mayores, que es donde se están produciendo retrasos injustificables" ya que, además, los ejemplos que ha puesto encima de la mesa "son casos concretos que vienen sufriendo las empresas en los últimos meses".

"Se trata de ejemplos tan concretos y reales que el propio portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, reconocía el pasado miércoles que se cerró una ventanilla de la Unidad de Urbanismo porque -según sus palabras- se dieron algunas bajas inesperadas".

"Circunstancia -indican desde la CPAR- que afectó en la tramitación de las licencias. No puede consentirse que se tarde un mes y medio en empezar a valorar cualquier expediente".

RETRASOS Y PARALIZACIONES

Los constantes "retrasos y paralizaciones" se deben a muchos motivos, explican en su comunicado, como la "falta de diligencia en algunos casos, zancadillas entre unidades administrativas en otros y, sobre todo, por la falta de supervisión, control e impulso por parte de los responsables políticos".

Es cierto que desde el mes de septiembre de 2017, los funcionarios municipales están solicitando un informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea para obras en las que haya implicadas grúas o estructuras en altura. "Una normativa muy estricta que tal vez podría haberse relajado para aeropuertos con tan poco tránsito como el de Agoncillo, no solo desde el Ayuntamiento de Logroño, sino desde la Federación Española de Municipios y Provincias, donde la alcaldesa ostenta la Vicepresidencia".

Además, esta norma aérea podría exigirse en fase de proyecto básico y no en fase de ejecución del proyecto; bien 'motu proprio' por los propios técnicos, o bien por orden de los funcionarios, "precisamente para favorecer la tramitación administrativa de los proyectos empresariales y no entorpecerlos innecesariamente".

Precisamente, indican, "porque las empresas están cumpliendo la normativa, se están encontrando con estos problemas. La alcaldesa necesita varias sentencias para empezar a interpretar constitucionalmente las leyes, como con las plusvalías".

"Y la excusa ahora es el informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea pero no es necesario ese informe para instalar estructuras y maquinarias, como puedan ser un andamio, una máquina pantalladora en el Centro Histórico de la ciudad o cualquier otro elemento constructivo".

Sin embargo -reiteran- "se tardan 4 y 5 meses en que se autoricen esas actividades, previo pago de tasas y/o fianzas que resultan desorbitadas por su cuantía económica".

Para la CPAR, "tampoco es necesario el Informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea para tramitar durante 6 meses una modificación puntual del Plan General y que después otra unidad administrativa informe de que no está bien todo el trabajo realizado, y haya que volver a comenzar la tramitación desde cero".

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE LOGROÑO

Por otra parte, la alcaldesa y su equipo de Gobierno "ha sido incapaz de aprobar un nuevo Plan General Municipal de Logroño en los 7 años que lleva gobernando, y siendo la alcaldesa del principal municipio riojano todavía no lo tiene adaptado a la Ley de Urbanismo de La Rioja, a pesar de su obligación, y a pesar también de que la Comisión de Urbanismo de La Rioja se lo recuerda al Consistorio cada mes. Esto es una clara desidia administrativa y una falta de interés político. La LOTUR es una normativa que también la Alcaldesa del Ayuntamiento de Logroño debe cumplir".

El Ayuntamiento de Logroño "funciona mucho peor ahora que hace unos años y esto hace que Logroño esté perdiendo todo el atractivo industrial y empresarial. Es un clamor no solo de CPAR, sino también de otras entidades, colectivos y ciudadanos. Tanto es así que los propios sindicatos CSIF y UGT reconocen la existencia de problemas, que achacan exclusivamente a la gestión organizativa del equipo de Gobierno local".

CPAR está de acuerdo en que la mayoría de los funcionarios de Logroño son profesionales, y buena prueba de ello es que hace unos años la tramitación de las licencias en Logroño costaba en torno al mes y medio, "pero en la actualidad el Ayuntamiento de Logroño está afectado por una parálisis clamorosa".

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