Según estas fuentes, la Comisión Europea ya disponía de esta documentación pero este viernes se completará con las nuevas medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid y con el compromiso de las administraciones competentes para agilizar todas las medidas puestas en marcha.

Respecto a las medidas propias del Gobierno, la Administración General del Estado, en función de sus competencias, ha indicado que remitirá el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que se aprobó el 15 de diciembre de 2017 y que es la continuación del Plan Aire I, de 2013.

El Plan Aire II cuenta con un presupuesto de 276 millones de euros e incluye 52 medidas agrupadas en ocho áreas (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte).

Precisamente, Bruselas recordó este jueves a España que el 9 de febrero terminaba el plazo dado a España y a otros ocho Estados Miembro de la UE para presentar medidas "adicionales, creíbles y efectivas" encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

"Tras debates constructivos, el colegio (de comisarios) acordó proceder con las últimas etapas del procedimiento de infracción a no ser que se presenten a tiempo medidas adicionales, creíbles y efectivas por parte de los nueve Estados miembros involucrados", insistió en una rueda de prensa el portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio.

Brivio recordó que el comisario del ramo, Karmenu Vella, se reunió con los ministros y secretarios de Estado de los nueve países el martes 30 de enero. "Esa cumbre fue convocada como el último esfuerzo para encontrar soluciones para atajar el grave problema de la contaminación atmosférica en la UE", ha señalado.

Bruselas, ha dicho, quiere "ayudar" a los países a "cumplir urgentemente" con los límites de emisiones "que han sido acordados pero no respetados por muchos años". Desde que tuviese lugar ese encuentro, el Ejecutivo comunitario ha mantenido "intercambios" con algunos de los países, aunque no ha desvelado con qué gobiernos ni cuál ha sido el resultado de estas conversaciones.

Una vez finalice el plazo, Brivio ha apuntado que la Comisión Europea necesitará tiempo para evaluar las consideraciones "técnicas y legales" de las medidas presentadas antes de tomar una decisión sobre una posible denuncia por incumplimiento ante la Justicia europea.

Al término de la reunión del 30 de enero, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, explicó que el Ministerio informaría a la Comisión Europa del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados.

García defendió también que no se trata de "un problema generalizado", sino que afecta a "determinadas zonas geográficas bien acotadas". En concreto, indicó que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y el extrarradio de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).