Cabe recordar que el pasado viernes unos 50 vecinos de esta localidad serrana, al amparo de la plataforma ciudadana 'Justicia para Ramón', se concentraron en la puerta del Palacio de la Moncloa en Madrid para reivindicar el indulto a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, cuyo plazo vence este sábado día 10 de febrero de 2018, para el exalcalde. Esta concentración fue convocada con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del Gobierno de España y para que éste valorara esta petición, cuestión que no ha hecho todavía.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, José Antonio Maestre Zarza, ha señalado que "si mañana no se aborda el indulto en el Consejo de Ministros de este viernes, la respuesta será negativa al mismo", motivo por el que se concentran en las puertas de la Audiencia.

El pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número tres de Huelva acordó suspender la ejecución de la pena de prisión a Rodríguez mientras se resolvía la solicitud de indulto en el Ministerio de Justicia, estableciendo como fecha límite para esta paralización el próximo 18 de febrero. Por ello, la plataforma ha presentado un recurso de reforma ante este juzgado pidiendo la suspensión definitiva de la pena y también en apelación a la Audiencia, al comprender que "se cumplen todos los requisitos del artículo 80.2 del Código Penal".

"Nos estamos jugando la libertad de una buena persona, que solo ha hecho el bien a su pueblo y a nuestra comarca, y que está dispuesto desde siempre a cumplir aunque sea con multa o trabajos en beneficio de la comunidad, pero no merece, por excesivo, que le priven de libertad y destrocen su vida y la de su familia", señala Maestre.

Por su parte, la plataforma entregó el pasado mes de marzo en el Ministerio unas 4.000 firmas en apoyo a la solicitud de indulto, así como una serie de cartas, y en febrero del año pasado centenares de personas, entre unas 500 y 600 según los convocantes, se unieron en Aracena a la manifestación convocada en su defensa.

Rodríguez fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia onubense por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística; a nueve años de inhabilitación y al pago de una multa de 3.660 euros, momento en el que éste renunció al acta de concejal no adscrito que mantenía desde que fuera condenado en primera instancia y decidiera abandonar las siglas del PSOE. A su vez, en 2009 fue condenado a otros seis meses de prisión por un delito contra el mercado y consumidores, un delito que desde la plataforma entienden que "no deben computarse al ser leve".

En la primera sentencia se considera probado que el condenado, en calidad de promotor, llevó a cabo, entre 2006 y 2008, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados con tejado a dos aguas, sótano y porche en una finca de su propiedad, a 500 metros de su domicilio habitual, situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por su parte, la Audiencia confirmó en diciembre de 2016 la denegación de la suspensión de la pena por el juzgado de lo penal.