En el centro, la parlamentaria de IU María del Carmen Pérez
En el centro, la parlamentaria de IU María del Carmen Pérez EUROPA PRESS

Así lo ha apuntado Pérez en declaraciones a los medios frente a la Ciudad de la Justicia en Almería donde ha señalado que en otras provincias como Sevilla o Málaga cada uno de los juzgados especializados tramitan una media de 2.000 asuntos, mientras que en Almería se está cerca de los 3.000. "Almería es una de las grandes sufridoras", ha asegurado.

En esta línea, ha apuntado el "déficit" de medios con los que cuentan estos juzgados y que sufren al final las víctimas, ya que hay casos en los que "se encuentra en el mismo espacio que el propio maltratador". "Nos niegan la mayor, pero vemos que día tras día esas deficiencias siguen materializándose en los juzgados", ha recalcado antes de reclamar mayor "seguridad" mediante el "refuerzo de personal".

Para Pérez, el Gobierno andaluz "tiene que poner remedio" a esta situación "sea o no de su competencia" o, en cualquier caso, "demandarlo al Gobierno central", que según sus datos, habría recortado "más de un 40 por ciento" sus inversiones en materia de violencia de género mientras que la Consejería de Justicia sostiene estos juzgados con un presupuesto "paupérrimo" y "no destina lo que merecen y necesitan las víctimas".

Acompañada por la coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate, la parlamentaria andaluza ha recordado además las "deficiencias" detectadas a través de la memoria anual del TSJA en relación a los juzgados de violencia sobre la mujer, en las que se pone de manifiesto "la falta de medios materiales y personales" que provienen de la Consejería, así como otras cuestiones ligadas a la modernización de la justicia como la nueva Oficina Judicial o la política de 'papel cero'.

Además de esto, la diputada autonómica ha considerado además que las políticas de igualdad debería recaer sobre una consejería propia o, en todo caso, en una distinta a la Consejería de Justicia, puesto que la violencia de género debe abordarse como una política transversal.

Por otra parte, Pérez ha señalado su interés en conocer la situación del centro de menores de Oria a través de sus trabajadores para conocer posibles problemas así como la del punto de intermediación familiar, cuyo servicio está "externalizado".

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