Asimismo, Villalobos, junto al secretario general de la FEMP, Juan Ávila; además del secretario de la Junta Consultiva de Contratación Activa, Miguel Pardo; y la delegada de formación del Instituto de Estudios Fiscales, Cristina Ibánez, ha iniciado esta sesión, dedicada a las novedades que introducen la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la nueva Ley de Procedimientos de Contratación en lo sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

El presidente de la Diputación ha señalado en una nota de prensa que los objetivos publicados de la ley son "loables", pero que habrá que esperar a su aplicación para comprobar "si refuerza o, por el contrario, debilita la autonomía municipal con sus nuevos planteamientos".

Ha expresado también su temor de que esta ley "pudiera convertirse en un instrumento más al servicio del recorte de déficit público y en una ralentización aún mayor del gasto" y ha instado a las entidades locales a "estar ojo avizor con el desarrollo real de la misma".

"Hasta ahora, en un balance general, creo que estamos respondiendo bien en clave local a la transformación vertiginosa de nuestra relación con los ciudadanos", ha apuntado Villalobos, al tiempo que ha explicado que se trata de una relación que "se estrecha cada día más, gracias a las nuevas tecnologías, una verdadera ventana de oportunidad en este nuevo escenario del municipalismo postcrisis". "Hasta ahora, las leyes fijaban la administración electrónica y la transparencia como mascarón de proa", ha matizado.

Subraya que la nueva ley quiere aportar mayor transparencia y mayor eficiencia, con un procedimiento que podría traducirse "en mayor demora y ralentización de los servicios prestados".

No obstante, en su alocución, Villalobos ha reconocido que la ley también trae consigo "objetivos nobles". "Los trae para los municipios de menos de 5.000 habitantes, a los que les da la posibilidad de que firmen convenios para encomendar la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales, a través de una central de compras; positivo a priori, pero, para eso, hay que montar esa central de compras", matiza.

Por último, ha concluido que también se contemplan novedades para los municipios de población inferior a 20.000 habitantes y, "cómo no, habrá más transparencia, procedimientos más simplificados y súper simplificados, cláusulas sociales y medioambientales, y se tendrá en cuenta la asociación para la innovación, además de que la licitación electrónica será ya obligatoria".

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